Días atrás, en un encuentro entre la sociedad civil y el programa ministerial Seamos Comunidad, nos sorprendió el ministro Marco Antonio Ávila al entregar una cifra que nos había sido esquiva hasta ahora: 227 mil niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema escolar hoy en Chile.

Antes de la pandemia, la cifra superaba los 186 mil excluidos; en 2021, supimos que la pandemia había impedido a otros 40 mil volver a clases —de más está decir el efecto demoledor que tuvo el covid-19 sobre el aprendizaje y cómo reveló la profundidad de la brecha digital entre los alumnos más vulnerables y de zonas aisladas—. Y ahora supimos que en 2022, 50 mil no regresaron. En definitiva, hay un quinto más de niños pateando piedras en las esquinas de las poblaciones más vulnerables, cuidando a sus hermanos, trabajando de manera informal y precaria, o atrapados por las nefastas redes del narco o de la delincuencia común que en 2019.

Nosotros, como Fundación Súmate, luchamos desde hace 25 años por disminuir ese número, pero no es fácil. Está la dificultad de encantar a estudiantes en su mayoría pertenecientes a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad que han sido apartados por un sistema educativo rígido que no tolera las diferencias y los problemas sociales, económicos, familiares que esta población enfrenta.

Volver a educar al que ha sido maltratado y marginado es más complejo y mucho más caro que atender a quienes avanzan sin tropiezos por los doce años de educación obligatoria. Esa es la segunda gran dificultad, la del presupuesto para escuelas y programas de reingreso educativo.

Hasta ahora el Estado cuenta con dos dispositivos que se hacen cargo de esta población: la EPJA (Educación para Jóvenes y Adultos), dirigida a jóvenes y adultos que desean iniciar o completar estudios. Su diseño técnico se orienta a los mayores de 18 años y solo excepcionalmente de los de 15 en adelante. Es decir, su foco son adultos y está mucho más dedicada a la inserción laboral que a la continuación de estudios, pese a que el 60 por ciento de quienes la usan tienen entre 12 y 21 años.

El segundo tipo de dispositivo son los fondos de reinserción y las aulas de reingreso, que a diferencia de la EPJA, focalizan la atención en la población de entre 10 y 21 años. Acá el financiamiento se otorga a instituciones de la sociedad civil o establecimientos educativos que hacen un trabajo integral de reparación y recuperación de las trayectorias educativas de los excluidos.

Nosotros somos parte de esta segunda modalidad y, año a año, padecemos el calvario de conseguir financiamiento, ya que este se ve sometido a las necesidades y criterios políticos del momento, sin pensar en la estabilidad financiera que debería contar un trabajo reparatorio tan delicado e importante.

Aunque parece evidente que el costo por estudiante de reingreso debiera ser más alto que el promedio de la educación regular, el Estado aporta solo 75 mil pesos por alumno. Para saldar la diferencia, en los últimos años hemos contado con un aporte promedio adicional de 64 mil pesos mensuales por alumno atendido de Fundación Huneeus. Es importante recalcar que ambas cifras están por debajo de los 100 mil pesos mensuales, que son el copago promedio que una familia aporta a la educación de sus hijos en la educación particular subvencionada. Y están muy por debajo de lo que el Estudio de Modelo de Reingreso 2019 plantea: el gasto debería ser de 500 mil pesos mensuales por niño, niña o joven que busca recuperar sus estudios truncos y está rezagado, desescolarizado, frustrado.

En definitiva, resulta paradójico que los niños, niñas y jóvenes más vulnerables y excluidos del sistema escolar sean los que menos recursos reciben del Estado si quieren volver a estudiar. En el actual proyecto de Ley de Presupuesto 2023, se espera que los recursos destinados a los fondos concursables sean levemente más altos, pero siguen siendo inferiores a lo que se entregó en 2014 y los alumnos excluidos han aumentado un 20 por ciento desde 2019, como informó el ministro.

Como sociedad civil organizada, estamos disponibles para trabajar por los 227 mil niños, niñas y jóvenes que están fuera de la escuela. Para hacerles justicia y avanzar con urgencia y eficiencia en políticas de revinculación y reingreso.

Liliana Cortés
Directora de Fundación Súmate