Señor Director:

En su edición de este domingo la ministra Camila Vallejo expone la opinión del Gobierno acerca de la libertad de expresión y la regulación de los medios de comunicación.

Llama la atención, aunque no sorprende, que atribuya al Estado la responsabilidad de asegurar el pluralismo, pero no en el sentido de garantizar el imperio de la ley y, por ende, de los derechos de las personas, entre los cuales está la libertad de expresión, sino de asumir el papel de tutor encargado de garantizar la expresión de determinadas opiniones. Hace también, en sus respuestas, un contrapunto entre “lo público”, el Estado según se desprende del contexto, y la sociedad.

Respecto de lo primero, podemos decir que por mucho que se adorne y se intente eludir el fondo, su aproximación es una amenaza evidente a la libertad de prensa y de expresión. Nunca había estado más garantizada que ahora la posibilidad de expresar el punto de vista de cada uno, a través del más abierto y masivo de los medios de comunicación que hemos conocido: las redes sociales y las plataformas de internet. De hecho, el problema es el contrario, que ya no se requieren medios responsables de todo lo que se informa.

En cuanto a lo segundo, no se debe olvidar que el Estado es una creación de la sociedad, al servicio de las personas, dotado de poder precisamente para asegurar, en última instancia, la libertad individual. No existe, o no debiera existir en una verdadera democracia, esa suerte de equiparidad entre la sociedad y la organización estatal.

El periodista le recuerda a la ministra cuando ella, al fallecimiento del exsenador Jovino Novoa, dijo que aquel había muerto en la impunidad, afirmación injuriosa y cuya falsedad ella todavía evita reconocer. Los que creemos en la libertad tenemos que asumir que solo podemos refutar este tipo de abusos en cada ocasión posible, pero nunca pretender censurarlo. La libertad tiene sus costos, pero vale la pena defenderla.

Gonzalo Cordero M.