Cada cierto tiempo revive la discusión de cómo retomar un crecimiento más alto que permita crear más y mejores empleos, financiar derechos sociales, y dar otro salto en las condiciones de vida de los chilenos. En la discusión reciente, se ha destacado que el Estado debiera jugar un rol facilitador e impulsor del crecimiento a través de una política industrial “moderna”. Una variante de esta discusión también estuvo muy de moda a mediados del siglo pasado, cuando Chile y la mayor parte de los países de la región decidieron impulsar una estrategia de sustitución de importaciones, con un rol activo del Estado en la creación y gestión de empresas como una forma de impulsar el crecimiento.

Esta experiencia no fue muy exitosa. Entre otras falencias, la política industrial, junto al descuido por los equilibrios macro y la penalización de la apertura externa sumieron a la región en una seguidilla de crisis macroeconómicas y de crecimiento, de las cuales algunos países aún no logran salir.

Antes de volver a transitar por el mismo camino, vale la pena revisar otras experiencias de países que han logrado períodos largos de alto crecimiento para explorar dónde hay oportunidades para que el Estado contribuya a crear las condiciones para un crecimiento alto y sostenido.

El informe de la Comisión de Crecimiento, que dirigió el premio Nobel de Economía Michael Spence (Commission on Growth), analizó las experiencias de países que fueron exitosos en lograr un crecimiento del PIB promedio anual de 7% o más por un período de tiempo que les permitiera dar un salto en su PIB per cápita. En el informe participaron, entre otros, el también premio Nobel de Economía y reconocido especialista en crecimiento Robert Solow; el expresidente de México y director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, Ernesto Zedillo, y otros académicos y exautoridades de gobiernos de distintas regiones del mundo.

El estudio destaca una serie de elementos comunes que posibilitaron tal éxito: explotaron plenamente las oportunidades que ofrece la economía mundial; mantuvieron la estabilidad macroeconómica; alcanzaron altas tasas de ahorro e inversión; permitieron que los recursos fueran asignados principalmente por los mercados; tenían una institucionalidad que garantizaba el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad; se preocuparon de desarrollar una educación pública de calidad; y tenían gobiernos comprometidos con el crecimiento, creíbles y capaces.

Con respecto al rol de la política industrial, el estudio fue bastante escéptico. El informe concluye que, si un gobierno quiere promover una cierta actividad o industria de exportación, esta intervención debe ser temporal. Si la actividad no puede continuar sin los subsidios, debe abandonarse; y los apoyos deben ser agnósticos con respecto al tipo de industrias exportadoras a promover. “Finalmente, una política de promoción de exportaciones no es un buen sustituto de otros ingredientes cruciales para diversificar las exportaciones: educación, infraestructura, regulación receptiva y cosas como esa”, concluyen los autores del informe (Commission on Growth, página 49).

En el caso del Chile contemporáneo, después de una década de bajo crecimiento, se ha originado una amplia discusión sobre cómo impulsar un crecimiento más alto y sostenido, más inclusivo y amigable al medio ambiente. Los países crecen a través del crecimiento de su capital físico, de su capital humano y de la productividad agregada de la economía. Grandes saltos en el PIB per cápita se explican principalmente por saltos en el crecimiento de la tasa de productividad. Como lo ha documentado la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), la tasa de crecimiento de la productividad comenzó a caer desde el 2005, pero gracias al incremento de la tasa de crecimiento del stock de capital, el crecimiento del PIB se mantuvo en torno al 4% hasta el 2015, para bajar después con la caída del crecimiento del stock de capital y del capital humano.

Estudios de la CNEP y numerosos otras investigaciones han identificado barreras a la inversión y a los aumentos de productividad en Chile. Basándose en estos estudios, el informe reciente de la OCDE sobre Chile recomienda: revisar las regulaciones y procedimientos de otorgamiento de permisos que obstaculizan el espíritu empresarial, la inversión y la competencia (permisos municipales y medioambientales, notarías); reducir barreras a la competencia en general y en el cabotaje marítimo, en particular, como también en compras públicas directas y trámites aduaneros; mejorar la calidad de la educación pública, especialmente de la temprana, básica y técnica; y mejorar la capacitación para avanzar en innovación y, de paso, mejorar la distribución de oportunidades y del ingreso; y fortalecer la capacidad de la Fiscalía Nacional Económica de investigar las condiciones de competencia de un grupo más amplio de mercados, etc. A esta lista, yo agregaría reducir las barreras a la iniciación y ejecución de proyectos ya aprobados, y promover el ahorro interno —muy alicaído tras los cuantiosos retiros de fondos previsionales—, para financiar un aumento de la inversión sin ampliar el déficit de la cuenta corriente.

Sin embargo, en los últimos tres años, ha surgido un nuevo gran escollo al crecimiento que no está en la lista anterior. Desde la revolución industrial sabemos que la inversión y la innovación requieren de un Estado de Derecho sólido, en el cual se hagan cumplir las leyes e impere el orden. En estas áreas ha habido grandes retrocesos que requieren ser abordados, especialmente en los que se refiere a fortalecer el Estado de Derecho y control de la delincuencia.

Finalmente, un Estado facilitador del crecimiento requiere ser eficaz. La experiencia y numerosos estudios han identificado reformas del Estado necesarias para que este cumpla sus tareas de administración, de educación y de salud pública con eficacia. Hacer reformas tanto del Estado como de políticas públicas ha sido cada vez más difícil producto de la fragmentación del sistema político —cuyo origen en buena medida radica en las reformas al sistema electoral aprobadas en 2015—, que ha debilitado la gobernabilidad durante la última década.

Con los problemas que tenemos con la calidad de la educación pública, todas las barreras que existen hoy a la inversión, la innovación y el crecimiento y los problemas de eficacia con que se prestan los servicios estatales, hoy debería ser una necesidad urgente enfrentarlos y debería concentrar la atención del Gobierno, en vez de enfocarse en aventuras de emprendimiento estatal de dudosos beneficios.