Al igual que las dos últimas administraciones, el Gobierno ingresó su proyecto de ley (PDL) de reforma de pensiones. Las bajas pensiones, la mala percepción, bien o mal ganada, de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), como la fuerte componente ideológica que tiene si la gestión de la seguridad social debe ser administrada/provista por el Estado o por instituciones privadas, han mantenido en el centro del debate este tema en las últimas décadas.

La propuesta se hace cargo de subir las pensiones. Primero se aumenta la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 200 mil a 250 mil pesos mensuales, así como su cobertura al último decil más rico de la población. Todos los aumentos relacionados con la PGU implican un costo del orden de US$ 2.000 millones. Segundo, se aumenta la cotización al sistema en un 6% de las remuneraciones imponibles. Esta nueva cotización va a un fondo de capitalización colectiva, a diferencia de la actual cotización que va a una cuenta individual. Del 6% un 4,2% es reconocido directamente como aporte individual para una mayor pensión, y el 1,8% restante se reconoce como aporte en forma igual en todos los afiliados que contribuyeron al sistema. Con el fondo también se financian una serie de beneficios adicionales, complementos de contribución en períodos sin trabajo, reconocimiento de aporte por el trabajo de cuidado sin remuneración, y equiparación de la pensión de hombres y mujeres por diferencia de expectativa de vida, etc.

Para hacerse cargo de la mala percepción de las AFP, la reforma separa la función de administración de las cuentas individuales, cálculo de pensiones, etc., de la función de administración de los fondos. De esta forma las sucesoras de las AFP solo administran fondos y no interactúan con los cotizantes. Será el continuador del Instituto de Previsión Social –ente público_ que se hará cargo de esta función (cara visible del sistema). La separación de funciones ha sido planteada en diversas ocasiones y tiene la ventaja que permite reducir los costos de administración del sistema.

El proyecto de ley es un buen punto de partida para la discusión previsional, reforma que debe realizarse si o sí durante este mandato presidencial. En la discusión de la iniciativa se deben responder una serie de preguntas importantes.

Primero, como planteó el economista Joseph Ramos, ¿cuál debe ser la tasa de reemplazo que debe entregar el sistema (porcentaje que representa la pensión del salario cotizado)? Con la reforma, una persona con el salario mediano en Chile alcanzaría una tasa de reemplazo de más del 80%, en la OCDE este porcentaje es 63%. Es verdad que los salarios en Chile no son altos, luego un 80% no es un lujo, pero el aumento de la cotización tiene costo en la formalidad del mercado laboral, gran problema en Chile, y hay una serie de otros temas que son de tremenda urgencia, de pronto la gente en campamentos sin condiciones mínimas (desagüe).

Segundo, del aumento del 6% que va al Fondo de Pensiones Integrado ¿cuánto es reparto y cuánto es ahorro propio? El PDL plantea que el total de este 6% se registra en favor de los contribuyentes (con un 30% de redistribución dentro de los cotizantes del periodo), este aporte registrado y su rentabilidad financiaría una renta vitalicia adicional para el pensionado. Se puede entender que un 30% del 6% tiene una componente de solidaridad intrageneracional, razonable. Pero, también se plantea que el mismo fondo financia una serie de otros beneficios. ¿Estos dineros de dónde salen? ¿La rentabilidad que se obtenga del fondo no irá toda a la rentabilidad de los dineros del registro? Si es así, el reparto es mayor. ¿Cuánto más?

Tercero, del aumento del 6%, ¿cuánto realmente es ahorro para las futuras pensiones? El PDL plantea que los beneficios son con efecto retroactivo. A modo de ejemplo, alguien con 20 años de cotización tiene derechos a la compensación de expectativa de vida, a la garantía definida de pensión, etc. Inicialmente, ¿cuánto de la contribución del 6% se va al pago de estos beneficios definidos? ¿Cómo se compensa el fondo para poder tener los recursos que se registraron a favor de los cotizantes al fondo? Si no hay compensación, generamos una deuda contingente.

Cuarto, crear un solo encargado de la administración de las cuentas y atención a los contribuyentes tiene reducción de costos por economías de escala. ¿Si es así, por qué no usar el actual administrador del seguro de cesantía que hace las mismas funciones, y además licita la administración de los fondos del seguro?

Quinto, cambiar la forma de pago de los fondos en las cuentas individuales, implica volver a pagar por un servicio por el cual ya se pagó. Esto se mejora solo parcialmente con un menor pago futuro para los fondos acumulados anteriormente a la implementación de la actual reforma.

Como estas, existen una serie de preguntas que la discusión en el Congreso deberá analizar para lograr un buen sistema de pensiones. Esperemos que esta vez exista la apertura para encontrar acuerdos y no veamos durante el próximo gobierno el eterno retorno de un nuevo PDL de pensiones.