La alta rentabilidad que han logrado desde su creación los fondos de pensiones (para un fondo tipo C, la rentabilidad real anual promedio ha sido de 4,03% en los últimos 20 años, y de 7,29% desde su creación, de acuerdo con información de la Superintendencia de Pensiones) ha significado que un porcentaje muy mayoritario de los fondos que actualmente tienen las personas sea consecuencia de esa rentabilidad y no de la acumulación de ahorro. Por ello, es razonable la inquietud ciudadana respecto de cómo el diseño de la reforma propuesta por el Gobierno afectará al esquema de inversiones y las rentabilidades que obtendrán los cotizantes. Es en este contexto que llaman la atención recientes declaraciones del ministro Mario Marcel, quien aseveró a “El Mercurio” que “la rentabilidad del inversor público debería ser similar a la de los fondos de pensiones en las AFP en el largo plazo, y con mucha menor volatilidad”.

Cabe recordar que el proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo establece que una cotización de 10,5% del sueldo imponible irá a cuentas individuales, las que serán manejadas por un ente público, pero cuya gestión de inversiones podrá ser efectuada tanto por una institución del Estado como por instituciones privadas, según la decisión de cada afiliado. Estas inversiones se materializarán por la vía de “fondos generacionales”, que reemplazarán a los actuales multifondos. Así, en el nuevo esquema, las personas ya no decidirán el riesgo que quieran asumir —como es la lógica de los multifondos—, sino quién administrará una cartera de riesgo predefinido, que irá variando con la edad del afiliado. En este diseño, el riesgo será más alto en el caso de los más jóvenes y más bajo para los trabajadores de mayor edad. Ya no existirá para estos últimos la posibilidad, por ejemplo, de optar por mantener sus recursos en un fondo más riesgoso, pero de potencial mayor rentabilidad, y compensar ese riesgo con un mayor ahorro voluntario.

Por otra parte, debe considerarse que el sistema de pensiones está diseñado para estabilizar la pensión, y no el valor del fondo. Hoy, conforme con esa lógica, una caída en el valor del fondo al momento de jubilar como consecuencia de un alza en la tasa de interés, no necesariamente se traducirá en una menor pensión, toda vez que la renta vitalicia tendrá una rentabilidad mayor. Por lo mismo, un esquema de estabilización del valor del fondo puede llevar a una alta volatilidad en el componente contributivo de la pensión.

Finalmente, el otro elemento relevante para evaluar la rentabilidad del sistema dice relación con los retornos que puedan entregar las llamadas “cuentas nocionales”. Estas, de acuerdo con lo que establece la propuesta, funcionarán de modo tal que cada persona tendrá un registro (sin que esos fondos necesariamente existan) donde se anotará un aporte equivalente al 70% del 6% de cotización adicional que se busca implementar, así como un monto extra per cápita por el 30% restante. Estos “aportes” devengarán una “rentabilidad del seguro social”, la que será determinada por el Consejo Directivo del ente público que administrará el fondo colectivo de pensiones, de manera de asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Así, todo indica que esa rentabilidad ficticia deberá ser menor que la efectivamente lograda por los fondos —y decreciente en el tiempo—, para así evitar que este sistema de reparto que se pretende implementar quiebre, como ha sido la realidad en numerosos países de Europa a los que se pretende emular.