El clima del debate público es tóxico. Vastos sectores insisten en que el país se encamina a una catástrofe. La radicalidad de esos juicios y su falta de matices hacen creer que el pesimismo, cuando no “el catastrofismo”, han pasado a ser parte de nuestra idiosincrasia. Desafiando ese estado de ánimo, intentaré lo que considero un análisis más equilibrado de las orientaciones del Gobierno para encarar los principales problemas que el país enfrenta: Constitución, inflación y seguridad.

Es cierto que la real medida de toda política son sus resultados; sin embargo, más de algo dicen sus definiciones.

En materia constitucional, después del error que significó el involucramiento del Gobierno en el plebiscito, lo decidido parece adecuado. El Gobierno —¡manos afuera!— y que lo resuelva el Congreso y los partidos. Lo preocupante es que este traslado de sede ha hecho más evidente la crisis del Parlamento.

Distinto es el caso de la inflación, donde la responsabilidad del Gobierno es indelegable. A inicios de este año teníamos una economía sobrecalentada, con sus equilibrios macro a la miseria y cuya demanda interna, en 2021, había crecido en un 18%; los retiros de fondos y ayudas fiscales habían inyectado 60.000 millones de dólares al sistema; los déficits fiscal y de la cuenta corriente (7,7% y 8,5%), insostenibles. Ante esa realidad, el Gobierno ha tenido el coraje de hacer un ajuste —lo que incluye asumir una recesión— sin el cual Chile se encaminaba a una crisis. Mientras países europeos y EE.UU. presentan la contradicción entre unos bancos centrales que elevan las tasas y un gobierno que no reduce o incrementa el gasto, en Chile hay un Banco Central y un gobierno que caminan en un mismo sentido.

Después de haber crecido en 30% en 2021, este año el gasto fiscal se reducirá en un 24% y tendremos un superávit del 2% del PIB. Se prevé, para el próximo año, una baja de la inflación, al 4 o 5%; y el déficit en cuenta corriente, en 2023, se estima entre 2 y 3% del PIB. Al contrario de los “catastrofistas” el Presidente, su ministro de Hacienda y el Banco Central merecen reconocimiento y apoyo.

La seguridad presenta una realidad distinta producto de múltiples factores, algunos resultado de acciones del Gobierno, otros consecuencia de un vuelco en la opinión pública que, a su vez, ha presionado para cambiar la actitud del Ejecutivo, los partidos y el Parlamento.

Los hechos de 2019 mostraron a un Estado mal preparado para enfrentar esos niveles de violencia. El equipamiento de Carabineros era ruinoso. En 2019 la dotación antidisturbios alcanzaba a 2.000 efectivos; hoy a 7.000. En octubre de 2019 contaba con un puñado de antiguos carros lanzagua, flota que ha sido más que duplicada con adquisiciones hechas en 2020 y en este año se ha comprometido la renovación de su parque vehicular, cuya mitad estaba obsoleta. Más importante, los excesos policiales bajo el “estallido” han llevado a la revisión de los protocolos para el control de disturbios y a reforzar la formación de las policías en el respeto de los derechos humanos.

Tras el descubrimiento del fraude en Carabineros y del “estallido”, el prestigio de la institución se desplomó desde un 77% de aprobación a inicios de 2017 a un 35% en 2019. A esas dificultades se agregaba la presencia de una sociedad “seducida” por la violencia. En 2019 hubo un par de mediciones en que más del 70% de la población apoyó “el estallido” y durante meses ese respaldo (Cadem; Pulso; Criteria) se mantuvo en torno al 65%. Hoy la opinión ha variado hacia un rechazo a la violencia y ha ubicado a la seguridad como la principal demanda ciudadana.

El Gobierno ha cambiado. La ministra Tohá está ejerciendo un liderazgo en este campo que no habíamos visto en años; el país aprecia al subsecretario Monsalve, uno de los miembros del Gobierno mejor evaluado; el actual Director de Carabineros goza de prestigio, en una institución cuyo respaldo ha vuelto al 77%; la PDI conserva altos niveles de aprobación y en el presupuesto del próximo año la seguridad es una de las pocas partidas que aumentan. La orientación es correcta, lo que cabe esperar son resultados… aunque ellos no serán fáciles de alcanzar, pues la violencia y el crimen son mutantes que varían con rapidez hacia formas cada vez más sofisticadas, agresivas, mejor financiadas y transnacionales.

Tal vez, para responder adecuadamente a la amenaza y recuperar el tiempo perdido, esté el terreno abonado para un gran acuerdo nacional por la seguridad, que prestigiaría al Gobierno, los partidos y al Congreso.

Genaro Arriagada