Señor Director:

Con estupor leí la nota publicada ayer en “El Mercurio”, donde el delegado de la Región de Valparaíso junto al alcalde de Quillota dicen que la usurpación del terreno de la familia Easton es “un problema entre privados” en el que ellos no se pueden meter.

Un terreno de mi familia fue tomado de similar manera en Quilpué y cuando reclamamos ante la justicia, el responsable de la usurpación mandó matar a mi padre. Sugerirles a los dueños de los terrenos que la vía de recuperación es la acción civil muestra, por un lado, indolencia ante el miedo que supone enfrentarse a estas mafias y, por otro, una excusa para no utilizar las facultades que les entrega la norma.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones entrega facultades expresas para paralizar y demoler aquellas construcciones y loteos que contravienen los planes reguladores, independientemente de si son terrenos fiscales o privados.

Afortunadamente la alcaldesa de Quilpué ha tenido una actitud distinta y también he visto que el ministro Carlos Montes ha condenado el hecho. Corresponde que el Estado imponga la ley para que recuperemos lo secuestrado, usando todas las herramientas legales que tiene a disposición. Pero primero nos debemos poner de acuerdo en que estamos hablando de un crimen contra el desarrollo justo de la ciudad y no de un conflicto entre pares.

Valentina Correa Uribe