En aras de mejorar la gobernabilidad, el proceso constitucional que se negocia en el Congreso debe contemplar una reflexión sobre el sistema de partidos y el sistema electoral vigentes, aun cuando esas materias no se regulen detalladamente en la Carta Fundamental.

La importancia de contar con un sistema de partidos vigoroso para una democracia representativa como la chilena está fuera de discusión. Estas agrupaciones, junto con reclutar el liderazgo político emergente, congregan visiones doctrinarias o ideológicas, e incluso corrientes de opinión dispuestas a discernir sobre los principales problemas del país desde una perspectiva general de la sociedad. Distinto es el caso de los movimientos sociales, muchos de los cuales se constituyen en torno a causas determinadas, visibilizando temas de innegable relevancia que a veces no obtienen suficiente atención por su especificidad geográfica, social o temática. Estos movimientos buscan que el proceso político se haga cargo de esas problemáticas, pero su adecuada resolución —y así lo demostró la fallida propuesta de la Convención Constitucional— demanda una visión general que integre otras dimensiones del quehacer social; de lo contrario, se instalan soluciones que tensionan el sentido común o comprometen gravemente las posibilidades de resolver otros asuntos igualmente relevantes, pero que no estuvieron presentes en la discusión.

Esa importancia explica la regulación —e incluso el financiamiento estatal— de los partidos políticos. La baja aceptación que hoy tienen ante la opinión pública es sin duda un desafío para las dirigencias partidarias y sus bases, pero no disminuye su responsabilidad estructural en el funcionamiento de la democracia. En particular, nuestro régimen presidencial demanda una adecuada interacción del Ejecutivo con el Congreso, que ofrezca los necesarios contrapesos, pero que al mismo tiempo impida el bloqueo y promueva la colaboración entre ambos poderes. Son diversos los elementos de diseño institucional que pueden contribuir o dificultar ese resultado. Pero entre ellos el sistema de partidos juega un papel crítico. Hoy existen 18 partidos con existencia legal representados en el Congreso, un número inusualmente alto en la experiencia comparada y que aumenta si se considera a Amarillos por Chile —en proceso de formación y que tiene a lo menos un diputado en sus filas—, y la agrupación que anuncian los senadores Rincón y Walker. Esta fragmentación dificulta en extremo la gobernabilidad y está directamente relacionada con la reforma de 2015, que instauró el actual sistema electoral proporcional.

En efecto, los sistemas electorales juegan un papel determinante en la configuración del sistema de partidos. En términos generales, los modelos proporcionales tienden a multiplicar el número de colectividades, pues, dado el diseño de los distritos, permiten elegir parlamentarios con un número más reducido de votos. Para evitar una excesiva fragmentación e impedir que el Congreso sea ingobernable, algunos países establecen umbrales de votación, ya sea para que un partido pueda acceder a la representación parlamentaria o para evitar su disolución. En Chile se aplica esta última fórmula, exigiéndoseles el 5% de los votos para poder continuar existiendo legalmente, pero en la práctica las colectividades pequeñas eluden los efectos de esta norma por la vía de interminables fusiones y reinscripciones; mientras, los parlamentarios electos en sus listas operan formalmente como “independientes”. La reforma de la administración Bachelet no consideró otras precauciones. En los hechos, su implementación en las elecciones de 2017 y 2021 logró ampliar la oferta partidaria representada en el Legislativo, pero ello no se ha traducido en una mayor confianza de la opinión pública en esta institución y —en combinación con el voto voluntario— ha agudizado la polarización y dificultad de conformar mayorías estables. Los liderazgos políticos más preclaros al igual que la academia especializada han levantado voces de alerta al respecto.

Es necesario evaluar en profundidad mejoramientos que permitan un mejor equilibrio entre representación y gobernabilidad, preservando la competitividad y renovación de los elencos. Las alternativas son múltiples, desde el perfeccionamiento de los actuales umbrales hasta el reemplazo del sistema proporcional por uno mayoritario con distritos unipersonales más pequeños, o una combinación de sistemas, como el voto doble existente en Alemania. Redefinir el rol de los independientes y evaluar la pertinencia de pactos electorales —que también contribuyen a la fragmentación— son elementos a tener a la vista.

Con todo, una de las mayores complejidades de este debate es que se desarrolla en general por parte de los incumbentes —en este caso los parlamentarios—, lo que da lugar a distorsiones y soluciones de carácter estratégico. De ahí el valor que pudiera aportar la mirada de un órgano como el que se evalúa para la elaboración de una nueva Constitución, en que sus integrantes podrían diseñar propuestas que sean debatidas por el propio Congreso, pero con mayor libertad y distancia. Desaprovechar esta oportunidad sería un error.