Señor Director:

Un reportaje de este medio retrató ayer el colapso del sistema escolar en regiones del norte de Chile, ante la explosión migratoria que viven. Se trata de un problema real: sin una política respetuosa de los derechos humanos que reduzca la inmigración irregular, el Estado no tiene ni siquiera la información necesaria para planificar su política educacional. El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2022 retrata, entre otros temas, esta problemática, que los municipios han ido evidenciando por lo menos desde 2019, aunque se ha agudizado este año.

Chile se comprometió a proveer educación a todo niño, niña y adolescente en edad escolar que esté en su territorio, independientemente de su estatus migratorio o el de sus apoderados, cuando ratificó la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Así, el Estado no puede negar educación por razones de irregularidad migratoria.

La inclusión escolar no solo es un derecho, es también una inversión necesaria para no perder la presencia del Estado en los territorios. Al no hacerlo, podría también debilitarse la capacidad del Estado de tener políticas de seguridad eficaces en los territorios. La escolarización es, además, una medida necesaria para prevenir el trabajo infantil, inclusive la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Es por todo ello que el Estado debe preocuparse de manera urgente de la situación en las regiones del Norte.

Judith Schönsteiner
Académica Facultad de Derecho UDP
Editora general Informe Anual de Derechos Humanos UDP 2022