Una de las jornadas que marcó los desórdenes, la semana pasada, en establecimientos educacionales de Santiago, registró el lanzamiento de cerca de 75 bombas molotov contra carabineros. Fue en las inmediaciones de los liceos Confederación Suiza y Barros Borgoño. Igualmente, se reportaron incidentes en el Barros Arana.

Se trata de hechos que se repiten hace meses en estos y otros recintos, principalmente, en los conocidos como emblemáticos. Y los denominados “overoles blancos” —entre los que se cuentan estudiantes y adultos— son el foco de las investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca identificar a los responsables de la violencia y determinar si existe una organización para cometer estos delitos.

La mayoría son causas reservadas, abiertas tras detenciones aisladas ocurridas en flagrancia, que siguen con diligencias en curso.

Carabineros determinó que, en promedio, al menos tres eventos de violencia ocurren cada semana asociados a liceos, lo que implica el uso de unas 115 horas hombre al día.

La institución uniformada explica que solo tiene un rol preventivo y de control de orden público sin herramientas para más medidas.

En este contexto, penalistas analizaron los hechos y las posibles herramientas judiciales para enfrentar estos casos.

El abogado Sergio Rodríguez sostiene que se produce cierto vacío, ya que la “labor del personal policial, en el día a día, es de prevención. No están en el lugar investigando”. Mientras que la fiscalía apunta a “sucesos que ya ocurrieron, lo que se limita al levantamiento de la evidencia, formalización y llevar a juicio a los responsables”.

“Son hechos igual de graves que cualquier banda criminal —advierte el profesional—, por lo que deben ser tratados como tal. Si es que hay niños, niñas o adolescentes, se aplicarán los procedimientos y sanciones especiales, pero en ningún caso se puede permitir la impunidad”.

Detectores de metales y medidas disciplinarias

La abogada María Elena Santibáñez, en tanto, plantea que “la situación de violencia y abandono en que se encuentran los liceos de nuestro país es insostenible” y que los daños a “una generación de jóvenes serán considerables”.

Entre otras medidas, propone “la instalación de detectores de metales en los ingresos, la realización de investigaciones administrativas y la imposición de medidas disciplinarias concretas”.

Asimismo, piensa que es necesario crear “vías de comunicación efectivas y rápidas con las fiscalías o, en su caso, con los tribunales de Familia, para impedir que las faltas graves, constitutivas de ilícito penal, queden sin respuesta”. Además, cree, se hace necesario también “un mayor protagonismo e intervención más activa de la Defensoría de la Niñez”.

Responsabilidades civiles por daños

El penalista Eduardo Riquelme, por su parte, afirma que “el problema es que se trata de grupos nihilistas, anarquistas, que buscan destruir y actuar con violencia. La única posibilidad de poder enfrentar este fenómeno es a través de la coordinación entre diversas autoridades, con una acción coordinadora del Gobierno”.

Y sugiere, en ese sentido, no solo acciones penales, sino también civiles “para que los padres respondan por el hecho de sus hijos menores cuando provengan sus acciones de la mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.

Mientras que el abogado Gonzalo Cisternas dice que “el problema de violencia en los establecimientos educacionales o en sus entornos, como primera cuestión, exige que las autoridades de dichos establecimientos, sus sostenedores y la misma comunidad educativa, definan si dicho problema es de orden ‘social' o ‘delictual', si es expresión de alguna libertad o si, por contrario, limita la libertad del resto de la comunidad”.

Así, agrega, “si se opta por estimar que se trata de un delito, las autoridades tienen atribuciones legales y reglamentarias para controlar el acceso a los establecimientos educacionales, como también para mantener orden, la seguridad interna y sancionar conductas indebidas. Asimismo, las autoridades tienen el deber de denunciar la ocurrencia de todo delito dentro de los establecimientos y de cooperar activamente con la investigación penal”.

Cámaras y utilización de drones

Para el penalista y exfiscal Alejandro Peña, en tanto, existen delitos que habilitan distintas medidas intrusivas para investigar a los responsables.

“En este tipo de casos, también se podrían ocupar las herramientas tecnológicas que están a disposición de las policías. Por ejemplo, el uso de cámaras no debería limitarse solo al interior de los recintos educacionales, sino que también a las inmediaciones de estos. Así se podrán hacer seguimientos y, con la tecnología del reconocimiento facial, establecer identidades de los responsables”, indica.

A su juicio “también se puede ocupar apoyo aéreo, a través de drones, que podrán hacer seguimientos y así obtener la trazabilidad de las acciones de estos sujetos, antes, durante y después de la ejecución de los delitos”.