Ante el próximo envío del proyecto de reforma de pensiones por el Gobierno, es importante establecer los aspectos en los cuales se podrá avanzar, e intentar dejar de lado aquellos en los cuales podría nuevamente entramparse.

Nadie discute la necesidad de realizar una reforma en lo contributivo; es una demanda ciudadana urgente a la cual se debe dar respuesta. Ni se pone en duda la necesidad de inyectar mayor cantidad de recursos al sistema para tener mejores pensiones, que estos recursos deben provenir del empleador y que su implementación se debe realizar con la gradualidad suficiente para no afectar el empleo.

El principal punto de discordia ha estado en el destino que deben tener dichas cotizaciones adicionales. Algunos aspiran a que ingresen íntegramente a las cuentas individuales de cada trabajador y otros pretenden que todo o parte de dicha mayor cotización vaya a un fondo solidario. Ahí ha estado la traba principal para avanzar en la reforma previsional.

Pocos discuten la importancia de incorporar solidaridad en el sistema. Falta dilucidar de dónde obtener los fondos para que sea lo más justa posible. Habría dos opciones: alimentar el sistema con cargo a impuestos generales, a los cuales contribuimos todos, como el IVA, o hacer solidaridad con cargo a aquellas personas que están con contrato formal y tienen cotizaciones todos los meses, es decir, un 70% de las personas con un trabajo por el que reciben ingresos.

¿Es justo que quienes tienen un contrato formal deban contribuir de forma exclusiva a mejorar las pensiones de todo el resto? A mi juicio, no lo es. Si tuviéramos una tasa de informalidad muy inferior a la actual, probablemente el diagnóstico sería distinto, pero mientras no se logren mayores avances en disminuir la informalidad, la mejora solidaria de las pensiones debiera ser financiada por todos los chilenos con cargo a ingresos generales del Estado.

Aparte de la reforma en lo contributivo, se debe seguir avanzando en la Pensión Garantizada Universal, creada en el gobierno pasado, y cuyo monto sería incrementado por el actual gobierno. En este incremento nace una oportunidad para disminuir en algo la brecha previsional entre hombres y mujeres. Legislativamente las mejoras a la PGU no debieran ser parte del mismo proyecto de ley en lo contributivo, toda vez que tendrán tiempos de tramitación muy distintos.

En la parte voluntaria, se debe seguir incentivando que quienes tienen la capacidad de hacerlo puedan efectivamente mejorar sus fondos previsionales por esa vía, mediante la eliminación o disminución de los costos tributarios que afectan a los retiros de esos recursos.

Con la combinación de los tres pilares existentes: contributivo, solidario y voluntario, se construyen las pensiones de cada uno. Por ello no deben ser vistos de manera estanca, sino como una estructura compleja para un mismo fin. La suficiencia del monto de las pensiones proviene de la sumatoria de los referidos tres pilares.

La expectativa es alta y la demanda por mejores pensiones es de larga data, por lo que deberían primar criterios técnicos por sobre los políticos, teniendo como objetivo principal un pronto incremento en el monto final que reciben nuestros pensionados. Para ello es trascendente hacerse cargo de las causas de las bajas pensiones, es decir, lagunas previsionales, densidad de cotizaciones, monto cotizado, incentivos a la jubilación tardía e informalidad.

También se debe escuchar a la ciudadanía para avanzar en la legitimidad del sistema, y es aquí donde principios fundamentales como mantener la propiedad de los fondos y la libertad de elegir su administración deben estar necesariamente presentes en la reforma, así como lo deben estar los cambios en las administradoras orientados a mayor competencia, mayor rentabilidad y menores comisiones.

Pedro Pizarro Cañas
Abogado