El Banco Mundial acaba de publicar sus estimaciones de la tasa de pobreza por ingresos en Chile; esto es, qué porcentaje de la población no cuenta con recursos monetarios suficientes para adquirir una cierta canasta básica. Sus proyecciones indican que, luego de una caída casi sistemática desde inicios de los noventa, la pobreza experimentará un alza, subiendo desde el 2% en 2021 al 10% en 2022. También estima que permanecerá en torno al 10% en los próximos dos años.

Ciertamente, la baja incidencia de la pobreza en 2021 fue transitoria, fruto del exceso de gasto fiscal y de los retiros de los ahorros previsionales. Sin embargo, el alza estimada para este año lleva al país de vuelta al 2015, a un nivel incluso por sobre el de 2020, año de la crisis sanitaria provocada por el covid-19.

Cabe destacar que la medición del Banco Mundial es menos exigente que la chilena. En efecto, mientras el organismo define un umbral de unos 123 mil pesos por persona al mes para superar la pobreza, la medida oficial en Chile requiere de ingresos de al menos 210 mil en hogares unipersonales. Así, es posible que la medición que entregue la Casen en julio próximo muestre un panorama aún más preocupante que el que sugiere el Banco Mundial.

Hay dos factores centrales detrás de esta evolución reciente. Uno es el menor crecimiento económico, fruto del necesario ajuste macroeconómico luego de los excesos del 2021. El otro es la inflación, que ha elevado en los últimos 12 meses el costo de la canasta básica de alimentos y de la línea de la pobreza en un 23% y un 16%, respectivamente, incluso por sobre la variación del IPC.

Por cierto, la experiencia de la pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos, y estos indicadores reflejan solo una parte de lo que significan la vulnerabilidad y la exclusión social. Pero al mismo tiempo ponen de relieve que la pobreza sigue siendo una tarea urgente, y que las estrategias que ha adoptado el país no son suficientes como para otorgar una seguridad mínima a muchos hogares.

Por un lado, y más allá del menor crecimiento, los apoyos monetarios son pequeños. Por ejemplo, los montos de la asignación familiar que reciben trabajadores formales son bajos y apenas fluctúan entre los $3 mil y los $16 mil por carga. Más en general, según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las transferencias anuales directas del Estado a las familias apenas alcanzan un 0,3% del PIB, si no se consideran las pensiones solidarias. Esto es, tres veces menos de lo que se gastó mensualmente en el Ingreso Familiar de Emergencia hacia fines del 2021.

Al mismo tiempo, los apoyos imponen exigencias a los destinatarios —como la formalidad— que algunos grupos tienen serias dificultades para cumplir. La apuesta del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 por destinar recursos cuantiosos al Ingreso Mínimo Garantizado tendrá dificultades para llegar a los más vulnerables.

Por otro lado, el país no ha realizado cambios estructurales que permitirían a las personas y comunidades desarrollar sus proyectos de vida de forma autónoma y atenuar la vulnerabilidad. Son diversos los ámbitos clave.

Uno es reformar el sistema de capacitación, para mejorar la empleabilidad y salarios. Otro es resolver el problema de acceso al agua, evitando que las familias tengan que dedicar energías y tiempo a conseguir algo tan fundamental. Lo mismo sucede con el acceso a una vivienda digna. Los 72 mil hogares que residen en campamentos, según el reciente catastro nacional, carecen de habitabilidad básica. Descentralizar también es un componente de esta agenda, pues quienes habitan la diversidad de localidades del país conocen mejor que el Estado central sus capacidades y las necesidades que tienen para desplegarlas con éxito.

Experimentar la pobreza tiene consecuencias duraderas muy importantes en la vida de las personas. Los hijos e hijas de menor edad en esos hogares presentan rezagos en su desarrollo, mientras que los de mayor edad tienen más chance de desertar de su escolaridad. Al mismo tiempo, el acceso a alimentación y la salud mental se deterioran, y la probabilidad de quiebres familiares aumenta.

Las estrategias que el país ha seguido permitieron que muchos superaran la pobreza en las últimas décadas. Sin embargo, el aumento reciente de la tasa de pobreza es un síntoma doloroso de que muchos aún viven en vulnerabilidad. Adoptar una nueva estrategia, que involucre activamente a las personas y comunidades para que puedan participar de las decisiones que atañen a sus propias vidas, es urgente y prioritario.