La renovación del liderazgo en la Fiscalía Nacional Económica no es el tema más sexy para un domingo de fin de semana largo, pero importa, y mucho. El asunto no tiene necesariamente que ver con nombres o sensibilidades políticas, sino con el enfoque.

Los desafíos a la competencia han aumentado a pasos agigantados. Piense solamente en el manejo que una empresa como Amazon puede hacer de sus datos, y cómo con ello puede privilegiar a ciertos productores —muchas veces de su propiedad— en desmedro de otros. El mundo altamente globalizado tiende a concentrar los mercados en las manos de los mejores, pero junto con ello les entrega un poder de mercado que puede terminar perjudicando a los mismos consumidores. Por ello, las leyes que castigan delitos económicos se han fortalecido, así como han aumentado las capacidades de las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento.

Aunque no hay dos opiniones sobre la necesidad de fomentar la competencia, sí hay opiniones diferentes sobre el alcance de la institucionalidad. Y aquí está el problema. El surgimiento de la llamada “doctrina hipster” busca que las instituciones encargadas de la libre competencia se hagan cargo de objetivos que van más allá del bienestar de los consumidores y, en la práctica, usen sus herramientas para hacer políticas públicas.

Ejemplos abundan. ¿Deben las instituciones encargadas de velar por la libre competencia evaluar una fusión tomando en cuenta sus impactos en el mercado laboral? Una lógica similar justificaría incluir el fomento a la innovación, el desarrollo de las pymes o la protección de datos personales en la evaluación del funcionamiento de los mercados. ¡Hasta la protección de la democracia ha sido mencionada como uno de los objetivos por los que deben velar las autoridades de libre competencia! Pero por loables que sean los objetivos buscados, es preferible usar los instrumentos adecuados que andar interviniendo en los mercados.

Además, el riesgo de politización de la institución es alto. Por de pronto, resulta atractivo para los gobiernos echar mano a esta alternativa para “solucionar problemas” cuando las vías legislativas o administrativas se ponen cuesta arriba. Más aún, el argumento de privilegiar objetivos amplios podría obligar a las autoridades a callar frente a conductas anticompetitivas del propio gobierno, como por ejemplo cuando se promueven empresas estatales con subsidios.

No es casualidad que esta sea conocida como la “doctrina hipster”, en honor a las tribus de jóvenes de clases altas y medias, oriundos de la ciudad, que manifiestan intereses alejados a los dominantes y buscan refundar la institucionalidad. En esta materia, la refundación puede significar un gran retroceso en el fomento de la libre competencia.