Señor Director:

Por estos días se ha dado a conocer un informe del Banco Mundial sobre la situación económica y social de los países. En el caso de Chile, señala que para 2022 la pobreza llegaría a un 10,5%, en tanto que también habría un incremento en la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini. Esto se mantendría para 2023, sin poder volver a los niveles prepandemia, debido al bajo crecimiento, la eliminación de las significativas transferencias monetarias que se implementaron en 2021, y al alza de la inflación.

Se han implementado algunas medidas con el “Plan Chile Apoya”, que contempla la extensión de algunos de los beneficios creados durante la pandemia, como el IFE laboral y otros bonos.

Llama la atención que, en este escenario de aumento de la pobreza, contracción fiscal e inflación, algunas autoridades de gobierno insistan en la instalación de una política universalista de bienestar social.

Desde esta perspectiva, los mecanismos de focalización son poco apreciados, pues efectivamente cumplen un rol de ordenar objetivamente el acceso a los programas sociales, y por ello dejan fuera a personas que no cumplen con los requisitos. En mi modesta opinión, más vale asegurarse de que estos mecanismos estén al día y operativos, ya que, en el escenario actual, tarde o temprano serán un elemento esencial para la asignación de los recursos del Estado.

Los mayores problemas de la política social se advierten cuando precisamente las instancias de apoyo a las personas no son capaces de identificar a quienes más lo necesitan.

Ignacio Irarrázaval
Centro de Políticas Públicas UC