Luego de algunos ajustes, el Gobierno propone una reforma tributaria que pretende recaudar 3,6 puntos del PIB. Esta recaudación es muy elevada si se considera que —haciendo las correcciones adecuadas— la brecha entre Chile y la OCDE está en cerca de 2 puntos del PIB (Larraín y Perelló, 2022) y que esta reforma golpeará una economía que está en recesión (o en el borde).

Además, el Estado ha demostrado gran dificultad para ejecutar los cuantiosos recursos que tiene. A modo de ejemplo, el primer semestre los gobiernos regionales apenas habían ejecutado el 30% de su presupuesto, y en varios ministerios grandes también se observaron rezagos importantes en la ejecución de la inversión pública.

Antes de subir los impuestos es necesario avanzar en un verdadero pacto fiscal, que sume a la contribución de las personas y las empresas el esfuerzo del Estado por mejorar en forma sostenida la calidad del gasto público.

Por eso, en forma constructiva, proponemos un plan que permitiría redestinar al menos 1,2 puntos del PIB, cubriendo un tercio de la recaudación propuesta por el Ejecutivo. A continuación, presentamos tres medidas concretas que se relacionan con programas sociales, empleos públicos y compras públicas.

Programas sociales: De los cerca de 700 programas públicos, más del 40% no cumple sus objetivos, fruto de un diseño e implementación deficientes, y duplicidades, con lo cual se pierden sinergias e impacto. Según el Banco Mundial (2021), nuestro país malgasta cerca de 0,8 puntos del PIB al año por recursos que no se focalizan bien en los destinatarios finales de los programas sociales. Es imprescindible eliminar y fusionar programas, o reemplazarlos, cuando corresponda, por transferencias directas sin burocracia que intermedie. Esto puede canalizarse potenciando el nuevo rol de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

Empleo público: Hoy trabajan en el gobierno central cerca de 450 mil personas, cifra que creció en un 51,4% en los últimos ocho años —sin considerar el traspaso de los servicios locales de educación—. Si continúa esta tendencia, al año 2030 la cantidad de empleos públicos se habrá duplicado.

Varios de estos trabajos fueron transitorios y por falta de control se han transformado en permanentes. Esta situación es muy distinta a la que vive el sector privado, donde los empleos ya comenzaron a destruirse.

El gobierno anterior presentó un proyecto de ley para cambiar esta situación, el que fue retirado por la actual administración. El proyecto creaba un contrato único, indefinido y con indemnización, avanzaba en profesionalizar el ingreso al Estado, limitar los cargos políticos y mejorar los servicios a las personas.

Esta iniciativa fue resultado de una propuesta transversal de cuatro centros de estudios, de las recomendaciones del Consejo de Modernización del Estado y de una consulta pública con participación de 60 mil personas. Retomar este proyecto permitiría mejorar la carrera funcionaria en el sector público y redestinar en régimen del orden de 0,1 puntos del PIB por año, sin considerar los incrementos en productividad.

Compras públicas: La Fiscalía Nacional Económica elaboró el año 2020 un informe donde señaló que por falta de competencia en el sistema de compras públicas el Estado pierde hasta US$ 855 millones al año. Propuso una serie de recomendaciones, las que se tradujeron en un proyecto de ley hoy en trámite. El proyecto apunta a optimizar la competencia y eficiencia en las compras públicas, amplía su cobertura a todos los órganos del Estado, aumenta los niveles de transparencia, limita los tratos directos y dota a ChileCompra de facultades normativas, entre otros. Implementar estas reformas permitiría contribuir con otros 0,3 puntos del PIB.

Estos tres casos concretos, con camino recorrido, permitirían que en un contexto de recesión económica el Estado también contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. Así, si el sector público se empeñara en reasignar al menos 1,2 puntos del PIB contribuiría a facilitar algunos cambios tributarios. Avancemos en un esfuerzo compartido. Los chilenos lo necesitan y lo merecen.

Felipe Larraín B.
Director Clapes UC, profesor titular Economía UC y exministro de Hacienda

Alejandro Weber
Decano Economía USS, exsubsecretario de Hacienda