Señor Director:

La carta del profesor Jaime Arancibia, “Congreso o Cámara constitucional” (ayer), ha precisado claramente los términos de la definición política que se requiere hoy para despejar el asunto constitucional. Los parlamentarios que, en nombre de sus partidos, están negociando diversas fórmulas para zanjar las diferencias, parecen dispuestos a validar nuevamente la entrega de la potestad constituyente del Congreso a otro órgano. Han estado discutiendo sobre los bordes, los pilares y los mecanismos de un eventual acuerdo, pero, inexplicablemente, parecen no ver la necesidad de revitalizar las instituciones y, en particular, reafirmar la legitimidad del Congreso para adoptar decisiones sobre una materia tan vital para el futuro de nuestra democracia.

El país no necesita otra Convención. Tiene un Congreso que asumió hace menos de ocho meses. No se requieren más experimentos ni fórmulas creativas, sino hacer funcionar las instituciones. El reto es poner en primer lugar el interés nacional, y ello exige realismo, además de generosidad. Hay que salir del laberinto, no agregarle nuevos túneles.

Si los senadores y diputados definieran una propuesta concreta de reforma constitucional, que luego sea sometida a plebiscito, le ahorrarían al país muchas confusiones e incertidumbres, sin mencionar el dispendio de recursos. Pero si no están dispuestos a ello, lo que revelaría que dudan de su propia autoridad, deberían considerar la posibilidad de renunciar a sus cargos. En tal caso, se crearían condiciones para abrirle paso a una solución impecablemente institucional: la elección de un nuevo Congreso. Este sería el único órgano legitimado para llevar adelante la tarea de renovar el pacto constitucional.

Sergio Muñoz Riveros