En América Latina padecemos una distorsión cognitiva, pues tendemos a pensar que todos los problemas se solucionan por el mero expediente de cambiar las leyes o, mejor aún, de escribir una nueva Constitución. Y así, somos la zona geográfica con mayor proliferación de constituciones, pero seguimos con los peores índices de desarrollo humano, económico y social. Ello, porque las constituciones por sí solas pueden hacer muy poco de bueno, aunque, ciertamente, una mala Constitución, que no proteja la democracia, los derechos y libertades, puede provocar mucho daño.

Nuestro desafío es escribir una Carta que evite los errores que fueron rechazados tan contundentemente el 4 de septiembre y que sea aceptada —no por todos, porque siempre hay una minoría, liderada por el Partido Comunista, que históricamente se ha autoexcluido de los pactos constitucionales recientes— por una mayoría contundente.

Una buena guía para acercarnos a este objetivo es tener presente que en política, a diferencia de las materias de fe, no existen verdades inamovibles y para lograr acuerdos todos debemos transar y recordar permanentemente que, como dijera Bismarck, “la política es el arte de lo posible”, y ello exige establecer objetivos que no sean solo teóricos, sino alcanzables y que se puedan poner en práctica en el país real. Lo difícil es que rara vez ello coincide con lo que consideramos lo óptimo y exige, por lo tanto, la difícil tarea de diferenciar entre lo que es medular y lo que es accesorio.

En ese arduo y a veces incomprendido e indispensable desafío se hallan hoy quienes corresponde que estén: nuestros representantes en el Congreso, depositarios del poder constituyente, intentando acordar cuáles son los principios fundamentales que deben inspirar una nueva Carta, los plazos realistas para alcanzar acuerdos sólidos y perdurables, y el mecanismo menos riesgoso para redactar un nuevo texto.

Mi óptimo, que posiblemente en muchas de sus partes tendría que sacrificar, sería una reforma, tan amplia como sea necesaria, sin página en blanco, inspirada en la continuidad constitucional histórica y empleando un proceso que mantenga, en la medida de lo posible, la participación y el control del Congreso en su diseño e implementación, sin perjuicio de que la ciudadanía se exprese luego en un plebiscito con voto universal.

Así, por ejemplo, creo en diseñar incentivos para una mayor participación femenina en la política, pero no en la paridad de resultados, porque la igualdad del voto es consustancial a la democracia representativa y la voluntad soberana del pueblo expresada en la urna no puede ser alterada por regla alguna; además, porque el género en la representación política no es relevante y muchas nos sentimos mejor representadas por hombres que comparten nuestro ideario político que por mujeres con ideologías que objetamos; asimismo, porque la paridad es una discriminación y, a mi juicio, ningún supuesto beneficio de corto plazo justifica excluir a ningún grupo humano por raza o por género.

Obviamente, los mecanismos son opinables y ninguno es materia de fe y deberán ser objeto de negociación.

Así, del mismo modo como el 62% del Rechazo estaría aceptando condiciones que no son la primera opción de muchos de sus representados, el 38% tendrá que resignarse a que, tras su derrota masiva en el último plebiscito, es inconcebible una convención con las mismas características o reminiscente de la anterior; o aspirar a un texto que cambie la totalidad de nuestro sistema económico, régimen político y social, y pretenda un país multinacional e identitario. Solo la capacidad política de nuestros representantes para acordar “bordes” y principios, como también procedimientos realistas, nos puede garantizar, por fin, la casa común que perdure en el tiempo y garantice la paz.