No es claro qué resultará finalmente de las conversaciones de los partidos en torno a la cuestión constitucional, pero es indispensable tener a la vista la suma de desatinos que condujeron al experimento de la Convención fracasada, cuyos mayores responsables son los parlamentarios que la idearon. Es positivo que los partidos dialoguen para acercar posiciones, pero ese diálogo tiene que volverse institucional. El Congreso debe ser la sede de las resoluciones.

El triunfo del Rechazo dejó claro que Chile no acepta ser refundado, como proponían en la práctica los partidos que respaldaron el proyecto descartado. Corresponde, pues, sacar algunas lecciones de lo ocurrido, la primera de las cuales es que hay que cambiar lo que haga falta, pero conservar lo mucho valioso que el país ha construido, y hacerlo de un modo que refuerce los fundamentos del régimen democrático. Hay que poner fin al “populismo constitucional”, que se ha sostenido en gran medida en la amenaza de nuevas violencias.

El país cuenta con una democracia de cimientos sólidos, que resistió el intento faccioso de octubre de 2019 y frustró el proyecto rupturista que avaló Boric. No se puede, entonces, seguir discutiendo sobre la Constitución sin ponderar lo que existe.

Desde 1989, nunca han estado en duda las elecciones periódicas, libres y competitivas. Las libertades públicas han demostrado tener raíces firmes. El principio de alternancia en el poder está plenamente vigente. Los tres poderes del Estado tienen definido su ámbito de competencia. Y algo más: la inmensa mayoría no acepta ninguna clase de autoritarismo.

Por lo tanto, hay que avanzar por una vía que le evite al país un nuevo período de confusión e incertidumbre, lo que se vuelve crucial en medio de la crisis de seguridad pública y del inquietante cuadro económico. Carece de sentido, por lo tanto, elegir otra convención con el fin de elaborar un nuevo texto al margen del Congreso, lo que implicaría que este entregue, por segunda vez, su potestad constituyente a otro órgano. Tal anomalía no debe repetirse.

No se sostiene que los partidos marginen al Congreso de las decisiones finales sobre el texto que se someterá al juicio ciudadano, y que, al mismo tiempo, propongan que una instancia externa (incluso la Corte Suprema, dicen algunos) se encargue de supervigilar los límites fijados por los partidos. Es casi pintoresco. Lo que corresponde es que el Congreso se respete a sí mismo y ejerza sus facultades. El país necesita renovar el pacto constitucional que sostiene las libertades por una vía que refuerce las instituciones.

En este contexto, el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, declaró a Ex Ante: “Vamos a aprobar una nueva y buena Constitución que ojalá, lo digo desde la centroderecha, lleve la firma de un Presidente que está a la izquierda de nosotros. Se acaba el discurso y la épica contra Pinochet. Se acaba la justificación de que una Constitución por el hecho de haber sido concebida el año 80, no hace posibles los cambios sociales. Se acaba ese discurso y se habilita una estabilidad institucional para Chile si la próxima Constitución lleva la firma del Presidente Boric”.

Y agregó enseguida: “Me interpreta la frase de Camilo Escalona de que acá el producto más importante es tener una nueva Constitución que lleve la firma del Presidente Boric y que tenga la validación de la ciudadanía en un plebiscito”.

Estamos ante una verdadera novedad. Para Macaya, y al parecer también para Escalona, lo más importante de este asunto es que la Constitución lleve la firma de Boric. Ese sería, pues, el verdadero cambio. ¡Haberlo dicho antes! Se habrían entendido las prioridades políticas de la UDI, y quizás del PS, y se comprenderían mejor “los bordes” de la negociación de los partidos. No es sencillo, en todo caso, asociar la estabilidad política con la figura del mandatario que acaba de ver naufragar el proyecto de Constitución con el que se identificó al extremo que vimos.

El Congreso debe aportar certidumbre en esta hora y, de ese modo, favorecer la estabilidad y la gobernabilidad que se requieren para atender las urgencias que están a la vista. Será mejor, entonces, si le ahorra al país un nuevo experimento. Para ello, los senadores y diputados deben hacer su tarea, y las opciones son dos: reformar la Constitución vigente o elaborar una enteramente nueva. Ahora bien, puesto que el senador Macaya ha hecho explícito su deseo de que un nuevo texto lleve la firma de Boric, a lo que le asigna ciertas propiedades, muchos se preguntarán si la alternativa de reformar el texto vigente implica mantener la firma del expresidente Ricardo Lagos Escobar, que está allí desde 2005. Por supuesto que implica eso.

Sergio Muñoz Riveros