Señor Director:

El 18 de octubre no fue un “estallido social” o una “revuelta”, como tácticamente lo llaman. Fue un conjunto de delitos y maniobras posteriores encaminadas a una suerte de golpe de Estado, capitalizados en noviembre con un golpe constitucional. Como cosa diferente, hubo protesta social incluso en rechazo a la violencia.

El golpe de Estado falló parcialmente, pues hubo alguna forma de renuncia institucional que sufrimos hasta hoy. Lo aún contingente, pese al plebiscito del 4 de septiembre, es qué pasará con el golpe constitucional.

El golpe constitucional consistió en que un Congreso Nacional con la obligación de ejercer el poder constituyente derivado se lavó las manos, e invocando una representación que no tenía, puso el conjunto de nuestros derechos, libertades y garantías en revisión, todo a cambio de la paz que el Estado debía darnos a cambio de los impuestos.

Hoy, parlamentarios recientemente electos también para ejercer la potestad constituyente derivada, nuevamente avanzan en un acuerdo para traspasar dicha responsabilidad a terceros, electos o no. En esa renuncia, además, se habla de “bordes”, lo que es un error conceptual que será la base del cuestionamiento a la legitimidad del resultado. Definir materias es el simple ejercicio incipiente del poder constituyente derivado y punto.

La única fórmula legítima sin plebiscito de entrada es la de órgano redactor, electo o no, que proponga al Congreso un texto sin tocar con una goma los derechos, libertades y garantías existentes, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. Aprobado dicho texto con los quorum constitucionales en el Congreso, el mismo debe plebiscitarse para que exista una nueva Constitución. Si el Congreso traspasa esta responsabilidad, el único camino consistente es su renuncia en bloque y una nueva elección parlamentaria, pero con otra dieta. De caso contrario, habría cuajado el “golpe constitucional” de noviembre 2019.

Víctor Manuel Avilés H.