Han pasado tres años desde el llamado “estallido social” del 18 de octubre y, desde una perspectiva económica, tanto la situación actual como las perspectivas futuras son poco alentadoras. Esta realidad la perciben las personas. De hecho, las encuestas dan cuenta no solo de una percepción económica más deteriorada que hace tres años, sino también de una sensación de aumento de la pobreza y mayor desigualdad. Se trata de un balance tristemente paradójico, considerando que esas fueron señaladas como las grandes demandas de esos días. Sin embargo, frente a la pregunta de si los chilenos se encuentran hoy mejor que el 17 de octubre de 2019 en cualquiera de esos ámbitos, la respuesta no puede sino ser negativa.

Por cierto, la realidad que hoy vivimos incorpora también los efectos de la pandemia, que ha afectado significativamente la situación económica de millones de personas, pero existen elementos objetivos que permiten mostrar cómo Chile se ha deteriorado más que otros países. Quizá la trayectoria de nuestra moneda sea un índice estadístico suficiente: en estos tres años, el peso chileno ha perdido entre un 15% y un 20% de valor respecto de otras monedas de similar comportamiento pasado. Esta pérdida de valor del peso relativo a otras monedas da cuenta de cómo los activos chilenos —tanto financieros como reales— han caído de precio, reflejando menores perspectivas de crecimiento junto con un mayor riesgo. Los efectos de ello son los que perciben las personas cotidianamente, con una economía debilitada en su capacidad de crear empleos, alzas de precios y estancamiento o caída de las remuneraciones.

Con todo, más allá de los indicadores que muestran cómo la situación ha empeorado, el debate de los últimos tres años no parece haber recogido en su profundidad los factores que detonaron el descontento manifestado a partir del 18 de octubre. Siendo este un fenómeno multicausal, la discusión se ha centrado en solo una de sus aristas, impulsando una agenda enfocada en la instauración de un Estado de bienestar, caracterizado por incrementar y universalizar numerosos programas sociales, pero sin mayor consideración a generar las condiciones económicas que lo harían viable. Así, la apuesta se centra casi exclusivamente en aprobar significativos aumentos de impuestos para financiar nuevos beneficios, y no en lo más relevante, que es aumentar de manera sostenible la recaudación, lo que ineludiblemente requiere de un importante impulso al crecimiento.

Es imposible, en efecto, desconocer cómo el estancamiento económico —y con ello una disminución en las posibilidades de empleo y en general en las oportunidades para las personas— explica una parte relevante de la insatisfacción ciudadana que se manifestó en 2019 y que hoy persiste o se incrementa. Pese a esto, la discusión respecto de políticas para fomentar el crecimiento es escuálida, y sigue dominando en el debate la idea de que “el modelo económico” estaría agotado, debiendo ser reemplazado por uno que entregue un papel mucho más preponderante al Estado. Ejemplos recientes de esto son la insistencia de la coalición oficialista en cuestionar la integración internacional de Chile —reflejada en las recientes declaraciones de la ministra vocera, en cuanto a que el retraso para ratificar el TPP11 sería necesario para “sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo”—, o en las declaraciones del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales sobre la necesidad de “una política industrial regional con Argentina y Bolivia”. El hecho de que en nuestra experiencia como país este tipo de políticas —que en rigor poco tienen de “nuevas”— hayan fracasado notoriamente poco parece importarles a quienes insisten en este enfoque.

El empeoramiento de las condiciones económicas en estos tres años es un fenómeno complejo, pero más lo es que se consolide una agenda de políticas públicas basada en una percepción errónea de las causas de nuestro menor dinamismo. Ello puede terminar siendo el peor lastre económico del 18 de octubre.