Al cumplirse tres años de la crisis social del 18 de octubre de 2019, nos vemos enfrentados a trascendentales interrogantes sobre la capacidad del Estado para abordar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, en el contexto de las manifestaciones sociales en contra de la desigualdad y por derechos sociales. Por una parte, es necesario revisar las condiciones que determinan el lento avance de la justicia, y, por otra, la ineludible tarea de reparar a las víctimas que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la manifestación pacífica.

La determinación de responsabilidades penales por casos de violaciones a los derechos humanos es una obligación del Estado, para lo cual debe adoptar diversas medidas que hagan efectiva la investigación y sanción a los responsables. A la fecha, resulta preocupante que, de las 3.146 querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y que aún están abiertas, solo el 9,5% hayan sido formalizadas. De las 3.264 víctimas asociadas a las querellas, al 38% no se ha tomado siquiera su declaración. Pareciera que las gestiones del Ministerio Público han resultado insuficientes para determinar personas imputadas, y proceder así a la determinación de responsabilidades penales.

Esta alarmante situación nos advierte sobre la limitada implementación por parte del Estado chileno de recomendaciones efectuadas tanto por el INDH como por otros organismos internacionales que se pronunciaron sobre lo ocurrido en Chile. En particular, se han incumplido distintos principios referidos a la debida diligencia en la investigación judicial de graves violaciones a los derechos humanos, y que están contenidos en las recomendaciones. Se observan dificultades para cumplir con los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad, que incluyen, entre otros, la efectividad de las investigaciones, la razonabilidad de los plazos, el agotamiento de todos los medios para esclarecer la verdad, que permitan abordar los casos atendiendo a la especialidad de ellos, incluyendo tratos diferenciados cuando conlleva violencia sexual, tortura y muerte.

En su informe del año 2021, en seguimiento de recomendaciones, el INDH ya había advertido el incumplimiento de la mayoría de ellas por parte del Estado. De continuar así, varias de las condiciones que están impidiendo alcanzar los principios para la investigación de graves violaciones a los Derechos Humanos podrían constituirse en factores de impunidad.

Por otra parte, los avances en medidas de reparación integral, y que deben implementarse con independencia de la búsqueda de justicia han resultado exiguos. Entre los países de la región, Chile cuenta con experiencia en el diseño y puesta en marcha de diversas iniciativas de reparación frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura cívico-militar. Esa trayectoria puede ser evaluada y actualizada a la luz de los estándares internacionales referidos a la reparación integral, para, a partir de ello, proponer una política de reparación integral que incluya medidas dirigidas a la restitución de las condiciones o situación previa a la vulneración de sus derechos humanos; la rehabilitación de las afectaciones físicas o psicológicas padecidas; la indemnización compensatoria a consecuencias del daño o pérdida sufrida, y la satisfacción por medio de acciones públicas de reconocimiento de los hechos y las víctimas.

En este contexto, no podemos olvidar la necesaria implementación de medidas dirigidas a la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos, también conocidas como garantías de no repetición, que involucran acciones hacia distintos sectores del Estado y la sociedad, para promover el respeto por los derechos humanos, y su adopción como una ética para la convivencia social. Para emprender el camino de la reparación integral, un primer paso debe ser la conformación inmediata de una instancia dedicada al conocimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos y de las víctimas, que permita calificar y dimensionar el daño causado.

El Estado chileno ha avanzado enormemente desde el fin de la dictadura y, hoy día, tiene todas las condiciones para no repetir los errores del pasado. El INDH seguirá trabajando para exigir verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos.

Consuelo Contreras
Directora del INDH.