Señor Director:

Una Constitución debe generar condiciones para que el Estado funcione bien, sostiene Jorge Correa Sutil en una reciente columna en este medio. Y tiene razón. El Estado debe ser robusto, lo que no significa de gran tamaño, sino contar con herramientas eficaces para asegurar la paz y tranquilidad de la población al alero de un Estado de Derecho donde la ley se cumple.

Con un sistema electoral que no fragmenta la representación política en el Congreso, sino que convoca a las grandes mayorías.

Con un sistema económico respetuoso del medio ambiente, que promueva una mayor productividad mediante la innovación y el emprendimiento privado y un aparato público fiscalmente responsable que no reemplaza, sino complementa la actividad privada.

Y, finalmente, con un sistema de protección social que desde el Estado financia bienes públicos en salud, educación, pensiones, vivienda y ciudad, sin excluir a la sociedad civil en la provisión de estos servicios y sin coartar la libertad de elección.

Correa Sutil reconoce que el Estado chileno es débil en varias de estas áreas, no tanto por causa de la Constitución vigente, sino por el ineficiente funcionamiento del aparato legislativo y de gobierno.

Concluye con una sentencia que está como telón de fondo de un Estado que no funciona bien: la administración pública no está a la altura de las demandas de un Estado ágil y eficiente. Agregaría que este anhelo de modernización se ha postergado por la sistemática renuncia de la clase política a abordar las reformas legales al Estatuto Administrativo, que regula las relaciones entre el Estado y el personal que sirve a la ciudadanía.

Mientras ello no suceda, vanos serán los esfuerzos por disciplinar la política para que el Estado funcione mejor, mediante una “buena” Carta Fundamental.

Carlos Williamson