Señor Director:

Polémica ha generado el pronunciamiento de la Contraloría que obliga a pasar a todas las personas a honorarios del Estado al estatus jurídico de contrata.

Sin duda es un cambio fuerte para el Estado, donde está en juego la deseable flexibilidad del sector público, dada la inamovilidad de la planta versus el cumplimiento de la ley en torno a honorarios permanentes y su protección laboral.

Pero más allá del debate de la igualdad ante la ley —donde el Estado no cumple lo que fuerza a los privados a realizar—, creo necesario llevar la discusión al tamaño del Estado.

El artículo sobre este tema de Economía y Negocios de “El Mercurio” del sábado muestra cómo la dotación total del gobierno central pasó de 265 mil trabajadores el año 2014 a 429 mil en 2022. ¡Un 62% de incremento! ¿Se justifica ese incremento en dotación, para lo cual permanentemente se siguen subiendo los impuestos que pagamos todos los chilenos?

Me gustaría ver los resultados de un plebiscito donde los chilenos tengamos que pronunciarnos entre pagar más impuestos o tener 165 mil nuevos funcionarios públicos. Acepto apuestas al respecto.

Fernando Rojas
Decano Ingeniería Universidad del Desarrollo