Una controvertida designación de un director de Metro ha vuelto a poner al Gobierno en situación incómoda. El aludido integrante del directorio —que cuenta con siete miembros— es un dirigente de Revolución Democrática y académico, quien en octubre de 2019 apoyó las violentas evasiones masivas de esos días, tuiteando: “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Precisamente Metro fue la empresa más afectada, primero, por tales evasiones, y luego, por los ataques iniciados el día 18, que terminaron destruyendo estaciones y dañando la mayor parte de la red. Por lo mismo, se han manifestado contra su nombramiento parlamentarios de distintos sectores, algunos de los cuales han afirmado que se negarán a aprobar el presupuesto de transportes si él se mantiene en su cargo. Debe recordarse que el abultado gasto que el Ejecutivo ha solicitado en esta área —cercano a los 900 mil millones de pesos— se fundamenta en parte en la alta evasión y en la imposibilidad práctica de ajustar tarifas. El Gobierno, sin embargo, ha insistido en que mantendrá al director en su puesto.

Más allá de las reacciones políticas, una designación como esta no parece constituir un signo de respeto, ni hacia los trabajadores de la empresa, que vieron expuesta su seguridad por la situación de descontrol producida por las evasiones, ni hacia los ciudadanos, que vivieron las consecuencias de los hechos de violencia posteriores, que significaron pérdidas para Metro estimadas en US$ 300 millones. Las autoridades, sin embargo, han adoptado una actitud desdeñosa con quienes critican sus decisiones y, aunque en ocasiones han debido desistirse, como fue el fallido nombramiento del subsecretario Nicolás Cataldo en Interior, parece primar un ánimo de confrontación.

El que haya aparecido este problema a pocos días de un nuevo aniversario del 18 de octubre añade otros ingredientes. Desde luego, se vuelve a poner en el tapete la actitud que tuvieron muchas de las actuales autoridades en esos días, cuando lejos de criticar la destrucción que estaba ocurriendo, la minimizaban o intentaban explicarla recurriendo al contexto. Esa misma ha sido la fórmula que ha expresado el interesado al defender sus dichos sobre las evasiones. La ministra Vallejo ha ido más lejos, al afirmar que no van a “condenar la posibilidad” de que organismos del Estado cuenten con profesionales por haber apoyado “en un contexto específico la manifestación social”. Es llamativo que sea la izquierda la que ahora recurra a explicaciones de contexto, pues fue de ella que surgió la negativa absoluta —y plausible— a tomar en cuenta las circunstancias para justificar la violencia en relación con procesos sobre derechos humanos. Ni la violencia tiene justificación ni caben argumentos de contexto para validar actitudes que contribuyeron a legitimarla y a crear un escenario de desborde.

Con todo, pese al ruido levantado por esta inadecuada designación, no se advierte ánimo de rectificar de parte de autoridades que parecen no percibir la distancia que, por decisiones como estas, se acrecienta entre ellos y buena parte de la ciudadanía.