El proceso constituyente iniciado con la revuelta de octubre de 2019, que continuó con el acuerdo de la nueva Constitución el 15 de noviembre, siguió con el plebiscito de entrada que eligió a los 155 convencionales y concluyó con el plebiscito del 4 de septiembre del presente año, jurídicamente finalizó. Digo esto porque de acuerdo con la reforma constitucional que habilitó todo este proceso, si se rechazaba la propuesta de la nueva Constitución, como ocurrió, seguía vigente la Constitución del 1980 y sus respectivas reformas.

Sin embargo, políticamente el proceso continúa. Esto producto de que las fuerzas del Apruebo —Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático—, junto con convocar a la ciudadanía para que aprobará la propuesta de la Convención, semanas antes del 4 de septiembre, se comprometieron públicamente a que si ganaba el Apruebo, el proceso continuaba con más de 10 reformas a la propuesta de la Convención. Esto se denominó “Aprobar y mejorar”.

Por otra parte, las fuerzas del Rechazo, agrupadas en el pacto Chile Vamos, que integran los partidos RN, UDI y Evópoli, así como la centroizquierda por el Rechazo y los Amarillos convocaron a los ciudadanos a rechazar la propuesta de la Convención y, si esto ocurría como de hecho sucedió, continuar con el proceso constituyente para elaborar una nueva alternativa que no tuviera los errores de la propuesta original.

El Partido de la Gente y el Partido Republicano también se comprometieron a la continuidad del proceso. No obstante este compromiso de las fuerzas del Rechazo, cada día emergen opiniones y decisiones en este bloque que tienden a no cumplir con el compromiso contraído con los ciudadanos.

Por ejemplo, el exsenador Carlos Bombal, en las Cartas al Director de este diario, sostiene que no es necesario una nueva convención y que bastaría con el actual Congreso para hacer las reformas o nuevas propuestas. Asimismo, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sofofa, importante entidad empresarial en Chile, en páginas de este diario, su presidente y su asesora constitucional comparten la misma opinión. Por otra parte, otro grupo económico invita a un seminario efectuado esta semana a la diputada del Partido Popular Español Cayetana Álvarez de Toledo, quien, con ironía en dicho escenario, sostiene que el proceso constituyente concluyó con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre y asume que el 62% del Rechazo expresó conformidad con la Constitución vigente y el modelo económico que la acompaña. Todo lo anterior se agrava cuando esta semana dos partidos, el de la Gente y los republicanos toman decisiones que apuntan a no cumplir el compromiso.

En el caso del Partido de la Gente, ha hecho la siguiente propuesta formal: convocar a un nuevo plebiscito de entrada con dos preguntas: la primera es si se reitera por parte de la ciudadanía la necesidad de una nueva Constitución y la segunda, si los redactores de esa nueva Constitución debieran ser una comisión mixta integrada por expertos y parlamentarios o una nueva convención. Está claro que este partido desconoce la legitimidad y permanencia del plebiscito ocurrido hace dos años, en el que un 78% de los ciudadanos optó por una nueva Constitución y un 79% de los ciudadanos votó por que quienes redactaran esa nueva Constitución fueran 100% elegidos.

Pero lo más grave, en mi opinión, es la decisión del Partido Republicano de retirarse del proceso constituyente, porque esto genera una tensión entre el electorado de derecha que milita o simpatiza con el pacto Chile Vamos y que cada día expresa su disconformidad con la continuidad del proceso constituyente.

A todo lo anterior se le agrega una nueva dificultad, cual es que los partidos de Chile Vamos han propuesto a los partidos de gobierno la construcción de principios comunes de la nueva Constitución que no pueden ser alterados por una futura convención, o por expertos, o el propio Parlamento. Alguno de esos principios son compartidos por las fuerzas oficialistas, sin embargo, la derecha en el marco de la discusión de esos principios ha agregado concepciones ideológicas y programáticas que mantienen el Estado subsidiario y que ha llevado al oficialismo a rechazar dicha pretensión.

Todo lo descrito anteriormente nos conduce a resolver prontamente, no más allá de octubre, el acuerdo entre los partidos de gobierno y oposición con representación parlamentaria, acuerdos sobre los principios y, además sobre el instrumento que elaborará la nueva propuesta, los plazos y las formas de elección de la nueva convención y el plebiscito de salida. Si por las razones expuestas la derecha, la centroizquierda por el Rechazo y los Amarillos no cumplen lo prometido a la ciudadanía, se abre un nuevo escenario político.