En toda organización, la disciplinada ejecución de un presupuesto previamente definido representa una obligación y responsabilidad básica. Por lo mismo, un lento avance en este ámbito es una señal de falta de capacidad, descuido o, simplemente, incompetencia en la gestión de los recursos. En el contexto de la administración pública, la subejecución presupuestaria tiene el agravante de afectar el cumplimiento de las promesas realizadas a la población, sugiriendo impericia del Estado y de los responsables en el uso de los recursos disponibles.

Por lo anterior, las cifras de ejecución del gasto público en este primer año de administración del Presidente Boric configuran un complejo escenario. La información de la Dirección de Presupuestos indica que a agosto la ejecución presupuestaria total se ubica en un 66,8%, muy por debajo del 81,3% reportado a la misma fecha el año anterior. En inversión pública, la principal apuesta de la actual administración para reactivar la economía durante 2023, las cifras son incluso peores. A agosto de 2022, el gasto en este ítem se ubicó en un 33,3%, comparado con el 39,6% de 2021 e inferior a los valores que caracterizaron las dos administraciones anteriores.

El análisis individual de los distintos ministerios también genera preocupación. En las carteras de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Educación e Interior, que en su conjunto representan casi el 93% de la inversión, los niveles de ejecución no se condicen con las necesidades del país de corto y largo plazo. En educación, por ejemplo, un 17,6% de ejecución resulta inconsistente con los desafíos que se han generado a partir de la pandemia. Algo similar ocurre en salud (19% de ejecución), un sector que requiere inversiones importantes para asegurar la salida de la crisis sanitaria y sus efectos en el funcionamiento de todo el sistema.

Las transversales inquietudes y críticas que al respecto se han levantado desde el Congreso deben ser atendidas, pues apuntan a la responsabilidad directa de la administración en cuanto a no lograr gestionar la ejecución del presupuesto. La inexperiencia, se indica, sería el factor determinante. De ser así, sin embargo, cabe preguntarse hasta dónde el esfuerzo por impulsar una reforma tributaria que apunta a recolectar recursos adicionales (antes que apostar a cambios que promuevan la modernización y mayor eficiencia del aparato público) no arriesga terminar simplemente entregando holguras a un Estado incapaz de gastar el presupuesto asignado.

Las explicaciones y justificaciones alternativas del atraso en materia de inversión pública apuntan a las dificultades financieras que enfrentan las empresas en el sector de construcción. Pero en este caso es también necesario reconocer las responsabilidades de la propia autoridad, en cuanto a no haber logrado presentar una agenda que reduzca los niveles de incertidumbre que lastran la economía nacional. Desde los planteamientos expuestos durante la campaña presidencial del año 2021, se han levantado múltiples alertas sobre el impacto que tendrían el relato y el programa de gobierno de la coalición formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. La insistencia en cambios que rigidizan el mercado laboral, una reforma tributaria que no fomenta la inversión y una propuesta previsional que incluiría un impuesto al trabajo para financiar un sistema de reparto, son todos elementos que se anticiparon dificultarían la operación del sector privado, particularmente uno intensivo en mano de obra como la construcción. Por lo tanto, es importante recordar que las vicisitudes de muchas compañías podrían haber sido evitadas con señales distintas de parte del Ejecutivo.

Finalmente, el lento avance de los desembolsos fiscales valida las críticas a la estrategia de reactivación de la economía a partir de la inversión pública. Esto tiene implicancias importantes. Por de pronto, de acuerdo con las cifras del último Informe de Finanzas Públicas, la economía chilena se contraerá un -0,5% en 2023, con una caída de la demanda interna de -4,1%, y de los ingresos fiscales, de un -12,7%. Si estas cifras asumen, como ha sugerido el Ejecutivo, que la inversión pública será el pilar de la estrategia de recuperación el próximo año, parece necesario no descartar un escenario económico incluso más escuálido que el que se proyecta.