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Cartas
Viernes 07 de octubre de 2022
Emergencia educacional
Señor Director:
Con una tasa de crecimiento real de 4,2%, el Gobierno ha presentado un presupuesto responsable fiscalmente, algo que cabe saludar.
Pero más allá de su crecimiento total, el presupuesto es también una oportunidad para priorizar. El Gobierno ha hecho suyas importantes prioridades como, por ejemplo, la inversión pública en un año que se avecina económicamente complejo.
La gran prioridad nacional ausente es enfrentar la emergencia educacional derivada del prolongado cierre de escuelas en Chile. Emergencia cuyos costos se expresan en daño socioemocional y severas pérdidas de aprendizaje que se distribuyen muy desigualmente: 1,3 años en el sector municipal, 0,9 años en el particular subvencionado y 0,4 años en el particular pagado.
Frente a este drama, hacer nada es condenar la libertad y construcción de proyectos de vida de millones. Es exacerbar la desigualdad futura e incubar una frustración que tarde o temprano nos explotará en la cara. Ello, amén del costo permanente en crecimiento y que puede estimarse en 0,15% anual. De no tomarnos este problema en serio, nos arrepentiremos por muchos años.
Países como EE.UU. han hecho de esto una prioridad, allegando recursos extraordinarios que aumentan en 17% el gasto público en educación escolar. Ello al alero de un plan robusto de medición de brechas y su cierre.
Replicar esta política en Chile significaría inyectar extraordinariamente unos US$ 1.600 millones. Una cifra que, vaya coincidencia, equivale al 2% constitucional del presupuesto que se puede invocar para emergencias.
¿Por qué ante otras emergencias reasignamos recursos para abordarlas, pero en esta no?
Por eso, con ánimo constructivo, propongo que, en el debate presupuestario que se inicia, hagamos un esfuerzo país para poner esta prioridad al centro. Con un plan robusto y reasignando recursos presupuestarios a la altura de una emergencia que nos tiene que importar.
Ignacio Briones R.