Chile Vamos se ha convencido de que debe olvidarse de sus propios compromisos, claramente establecidos en el artículo 142 de la Constitución. Eso ha quedado ya muy claro.

Pero ahora se presenta un segundo problema (y es que cuando se entra por una senda de desvaríos, nada evita la caída libre). Se trata de los “insumos” que los políticos de Chile Vamos proponen para iniciar un nuevo proceso constitucional (de suyo, espurio).

Y ahí, gracias por la sinceridad, señores de una centroderecha claudicante, por ahora no figura la Constitución vigente. Sí, hay que decirlo con todas sus letras: quienes se suponía que defendían un orden que había logrado engrandecer a Chile, ahora lo ignoran, en un gesto que, tal como lo intuye el propio senador Macaya, ya es considerado traición por muchos de sus electores.

Todo lo obtuvieron los partidos de la centroderecha desde ese marco constitucional; miles son las actuaciones que, desde 1981, apoyaron en sus normas; ocuparon cargos de servicio y representación (y sirvieron y representaron) a partir de ellas. Pero ahora, curiosamente, ya nada de eso sirve, ahora todo lo quieren regalar.

Incluso más. Cuando esos dirigentes repiten la consigna de que la Constitución vigente “está muerta”, se les consulta si eso significa que no hay entonces norma alguna que deba ser rescatada para un eventual nuevo proceso; se les pregunta si es que estamos en presencia de una indumentaria que debe ser quemada para que no contamine.

Y la respuesta que nos dan es que no, que algunas de sus normas (dicen unos) o muchas disposiciones (dicen otros) debieran servir en el nuevo proceso. Y entonces hablan de bordes, y los que aún conservan algo de valentía los llaman límites o principios.

Pero ¿cómo? ¿No sostienen ellos mismos que está muerta la actual Constitución?

Por eso, lo lógico sería intentar reformas al texto vigente y no su lanzamiento al tarro de la basura.

Consideremos una segunda cuestión: los parlamentarios que están propiciando un nuevo proceso constitucional están incurriendo en una claudicación que debiera tener consecuencias directas. La mayoría de ellos fueron elegidos hace menos de un año, para realizar las tareas propias de un cuerpo legislativo. Y entre ellas están las eventuales reformas a la Constitución vigente.

Pero en vez de usar esas atribuciones de acuerdo al mandato que se les ha conferido, deciden renunciar de hecho a ellas —y quizás pronto lo hagan de derecho— y entregar a un nuevo órgano las atribuciones de las que ellos están legítimamente investidos.

Esta renuncia es muy grave. Es una burla a las condiciones en que fueron electos, una burla a los electores que confiamos en que ejercerían todas sus atribuciones. En vez de procurar reformas a la Constitución vigente en uso de sus facultades, preferirían eximirse de esa responsabilidad y entregarla a una nueva Convención, instancia por completo innecesaria. Al postularse, ellos sabían a qué se comprometían. Ahora, deben ser consecuentes.

Por eso, si llegara a prosperar una renuncia de atribuciones como la que se vislumbra, lo que en realidad correspondería es que el Congreso incluyera en la reforma constitucional la renovación completa de las cámaras. Si no quieren ejercer los poderes para los que han sido electos, lo lógico, lo decente, es que dejen sus cargos y que podamos elegir a quienes sí quieran ejercer las atribuciones constitucionales.

Mantener dos instancias legislativas paralelas —dos cámaras y una nueva Convención, en simultáneo— cuando una de ellas simplemente no quiere ejercer sus atribuciones, es una ofensa a todos los ciudadanos, una dilapidación grotesca de recursos y un descrédito más de la política.