Señor Director:

Varios personeros de gobierno han dicho en estos días que existe consenso sobre subir la Pensión Garantizada Universal a $250.000. Desconozco de dónde surge ese consenso, pero al menos, en lo personal, me parece altamente desaconsejable en las actuales circunstancias.

Si bien he sido desde hace tiempo una de las promotoras de establecer una garantía de pensión en la línea de pobreza, objetivo ya logrado, creo que subirla casi un 30% genera varios problemas. El principal es su alto costo, alrededor de US$ 1.800 millones, adicionales a los US$ 2.700 millones que significó el establecimiento de la PGU.

Un segundo problema, también importante, es que un monto equivalente a más de un 60% de la mediana de ingresos laborales daña los incentivos al ahorro y la formalidad, agravando la causa principal de las bajas pensiones. Por último, ese mejoramiento no parece consistente con criterios de justicia intergeneracional. En los últimos tres años el aporte de los contribuyentes a los jubilados se ha más que duplicado en términos reales, permitiendo que Chile sea el único país con un nivel de ingresos similar al nuestro que ya pueda garantizar un beneficio estatal para el 90% de los mayores de 65 años equivalente a la línea de pobreza.

Ojalá más adelante podamos seguir mejorando esta situación, pero parece evidente que en temas de infancia tenemos actualmente carencias mucho más importantes.

M. Cecilia Cifuentes H.
Directora Centro de Estudios Financieros
ESE Business School