Críticas transversales sobre la gestión diplomática provoca la sucesión de lamentables acontecimientos, con repercusiones negativas para los intereses e imagen nacionales.

Desde la Convención de Viena, de 1815, la diplomacia es reconocida como una profesión, con precisas reglas y convenciones, dentro de un ministerio especializado. Celebramos el año pasado los 150 años desde la creación del Ministerio de Relaciones, en el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu. Desde entonces, se han formulado diversos estatutos orgánicos; el más moderno y completo, en las postrimerías del gobierno de la Presidenta Bachelet. Gradualmente se han elevado los requerimientos de ingreso al grado más bajo del Servicio Exterior, que exige dos años de estudios continuos en la Academia Diplomática y título universitario. Lo mismo no se aplica al nombramiento de embajadores que no provienen del Servicio. Como lo señalara el recordado embajador José Miguel Barros, en columna publicada en mayo de 2006, “para ser embajador basta con tener educación básica”, lo que contrasta con las exigencias a los diplomáticos profesionales.

Mayor dificultad que establecer los requisitos de la carrera es gestionar los riesgos por interferencias de asesores presidenciales y actuaciones de embajadores ajenos al Servicio Exterior, carentes de experiencia, habilidades, conocimientos y tacto requeridos por la función diplomática. Esta comprende la representación del Estado, protección de sus intereses, negociación con gobiernos extranjeros, proporcionar información sobre acontecimientos internacionales, y fomentar relaciones amistosas, sean económicas, culturales y científicas, según dispone la Convención Diplomática de Viena de 1961.

Los embarazosos eventos en que se ha visto envuelta la Cancillería han motivado declaraciones de los gremios del Servicio, con especial inquietud por las designaciones políticas de embajadores. Durante la fallida Convención Constitucional, se planteó fijar un porcentaje mínimo del 80% proveniente de la carrera funcionaria y restablecer la aprobación del Congreso para esos cargos.

Ambas propuestas son discutibles. Establecer un porcentaje de rango constitucional no garantiza la idoneidad, habría sido desusado y otro exceso de la proliferación normativa del rechazado texto. Por su parte, la aprobación parlamentaria puede conducir a politizar los nombramientos, a cuotas partidarias y a restarle responsabilidad al Presidente de la República. Personalidades de gran prestigio sufrieron demora o rechazo por el Senado debido a rencillas políticas ajenas a sus capacidades. Tal vez la solución para estos casos sería exigir estudios superiores y pronunciamiento sobre la idoneidad por la Alta Dirección Pública.

Lo experimentado durante los últimos seis meses en la gestión internacional del Gobierno no es una única situación desafortunada, fortuita, aislada o casual. Debe haber un giro que termine con el encadenamiento de acontecimientos atribuibles a la falta de la debida consideración de las buenas prácticas de la diplomacia profesional, por la Cancillería, el Presidente, sus asesores y embajadores designados en función de relaciones de amistad o afinidades políticas.