No resulta fácil determinar el marco conceptual en el que se sitúa la oposición al TPP11 y, de manera más general, a los tratados de libre comercio. Respecto del TPP11, hay quienes lo sindican como un tratado no propiamente de comercio, sino orientado a otorgar facilidades a las empresas transnacionales para invertir en naciones de menor desarrollo, imponiéndoles abusivamente sus propios proyectos. Por eso, contendría cláusulas que radican la resolución de controversias en tribunales internacionales, supuestamente obsecuentes con ellas, manteniendo a las naciones como rehenes de sus intereses. Eso justificaría el envío de side letters, para intentar excluir al país de esos mecanismos. La evidencia no acompaña a esta afirmación. De hecho, en las controversias en que Chile ha debido concurrir a esas instancias, los fallos lo han favorecido la mayor parte de las veces. Así, es difícil entender a qué apunta el supuesto “resguardo” que en esta materia dice buscar el Gobierno. A menos, claro, que se pretenda alterar nuestra tradicional conducta de respeto a las reglas previamente establecidas y sustituirla por la arbitrariedad en el trato a los inversionistas.

Luego, se afirma que bajo tratados como el TPP11, o similares, el país solo entroniza un modelo de desarrollo extractivista, sin incorporar valor agregado a sus recursos naturales. La industria del cobre sería un caso emblemático. Sin embargo, los detractores del libre comercio no han sido capaces de explicar por qué, desde antes de la llegada de minería extranjera, luego de la nacionalización del cobre, Codelco y el Estado han tenido 46 años, desde 1976 hasta ahora, para realizar todo aquello a lo que ellos aspiran y, sin embargo, no lo han hecho. Seguramente, argumentarán, el “neoliberalismo” lo impidió, sin reconocer que fueron los mejores criterios de retorno de las inversiones a los que debe someterse el Estado cuando pone en riesgo los recursos de todos los chilenos los que guiaron ese camino. Tampoco reconocen la sofisticación tecnológica y el valor agregado que ha incorporado el cluster minero a su tarea —proveedores, ingeniería de punta, logística y servicios avanzados de diversa índole—, con una importante participación de empresas chilenas en ese esfuerzo. Han construido así una caricatura de la economía chilena que no solo es incorrecta, sino que ignora los significativos avances en complejidad horizontal que todo ello ha implicado, porque solo les preocupa la complejidad vertical, aguas abajo del recurso natural, con independencia de su rentabilidad.

Los tratados de libre comercio, incluido el TPP11, procuran el intercambio de bienes y servicios bajo condiciones modernas, para capturar los reconocidos beneficios de ese intercambio. Ignorar aquello para forzar la “complejización” de la economía de manera interna y en un proceso liderado por el Estado constituye un ejercicio teórico de alto riesgo, que probablemente traerá más frustraciones a la ciudadanía, la que ha dado muestras recientes de no querer seguir tolerándolas.