Uno de los trastornos más graves que produjo la prolongada pandemia fue la interrupción de los procesos de educación escolar y en particular la severa afectación de la presencialidad. Si bien en los momentos de alto contagio se justificó suspender la asistencia escolar por razones sanitarias, el regreso a la normalidad ha sido más lento de lo deseado, denotando una cierta desidia por parte de los actores del sistema educativo para retomar la obligatoriedad del trabajo en el aula. Según el Monitoreo de Establecimientos Educacionales en Pandemia 2022, realizado por las universidades de Chile y Católica de Chile, en conjunto con el Ministerio de Educación, el 18 por ciento de los párvulos, es decir, 70 mil niños, y el tres por ciento de los escolares (alrededor de 100 mil estudiantes) no tuvieron, durante el primer semestre de este año, ningún contacto físico con su establecimiento, lo que para los expertos es una “situación dramática”, debido al negativo impacto que ello tiene en los procesos de aprendizaje.

A estos preocupantes números en cuanto a presencialidad, se suma una baja en la asistencia, la que —según la citada investigación— alcanzaría en promedio entre 68 y 77 por ciento, cifras por cierto menores a las observadas antes de la pandemia.

El estudio confirma, una vez más, la subvaloración que se le otorga al trabajo presencial en los procesos educativos. Muestras elocuentes de ello fueron la resistencia de parlamentarios del actual oficialismo, que en su momento propusieron acusar constitucionalmente a un exministro de Educación del gobierno anterior por impulsar la vuelta a la presencialidad, así como el continuo rechazo y los obstáculos puestos por el Colegio de Profesores para el retorno a las salas de clases. Si bien las actuales autoridades ministeriales han insistido en la relevancia de retomar las actividades escolares, implementando un plan de recuperación educativa, de manera de afrontar las brechas de aprendizaje producto de las prolongadas interrupciones previas, los apoderados, y la ciudadanía en general, han recibido un mensaje equívoco, en el que pareciera ser irrelevante la asistencia a la escuela, percepción que no es fácil de revertir. Redunda en ella el hecho de que la suspensión de las clases sea normalmente una de las primeras medidas que la autoridad decreta en circunstancias catalogadas como de emergencia, sin reparar en el impacto que ello tiene en todo el grupo familiar y, en particular, en el desarrollo educativo de los escolares.

Remediar las negativas consecuencias de la pandemia y avanzar hacia una mejor calidad de la educación requiere de políticas públicas que refuercen la necesaria presencialidad y la asistencia, y, por parte de las autoridades del área y de los docentes, la insistencia en un discurso que valorice el trabajo en el aula, de manera que los padres y apoderados comprendan que de ello depende el éxito del desarrollo escolar de sus hijos.

La demandada calidad de la educación debe ser una meta común, y la evidencia internacional demuestra que la asistencia regular y temprana al parvulario y luego a la escuela permite la formación de hábitos esenciales para todo proceso educativo, como la disciplina, la perseverancia, la resiliencia, el respeto y la sociabilidad, entre otros, además de la obtención de conocimientos. De ello depende el progreso de las futuras generaciones.