En el contexto del debate de la reforma tributaria, parece primero necesario considerar algunos de los desafíos macroeconómicos que enfrenta Chile.

En su último informe, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) analizó nuestra sostenibilidad fiscal. En principio, la autoridad ha definido el nivel prudente de deuda bruta en un 45% del PIB. En el escenario base del CFA, con déficit en el balance estructural de -2,3% en 2023 y de -1,8% en 2024, y con un crecimiento que no debería superar el 2% en el largo plazo, la deuda bruta convergería a rangos marginalmente inferiores al referido nivel de prudencia. Con todo, en función de las documentadas dificultades del país para mantener un gasto público acotado —y más allá del esfuerzo puntual de 2022—, ese escenario base no parece del todo plausible.

Así, el mismo informe considera cuatro ejercicios alternativos que permiten identificar importantes riesgos para las cuentas fiscales. Entre los mayores peligros, se identifican déficits persistentes y elevados, el compromiso de gastos permanentes sin contar con recursos igualmente permanentes para financiarlos, una ralentización del crecimiento tendencial y condiciones externas adversas.

Dados esos riesgos, Chile no tiene espacio para implementar una reforma tributaria de factura deficiente. Así lo enseña la experiencia de los cambios impositivos impulsados en 2014 —los que, por cierto, también recibieron en su momento señales de apoyo de la OCDE—, y que generaron caídas en el crecimiento y la inversión. Por eso es preocupante que algunos de los lineamientos de la reforma que ahora se discute parezcan desatender aspectos de la trayectoria de nuestra economía.

Un primer elemento guarda relación con las críticas técnicas al modelo de normas antielusión y evasión que se proponen. Un sistema tributario debe actualizarse regularmente para enfrentar estas prácticas, pero debe hacerse con la institucionalidad, garantías y reglas adecuadas. De no ser así, los incentivos perversos que pueden generarse aumentarían la burocracia y afectarían incluso las facultades de fiscalización de Impuestos Internos. Elementos tales como el denunciante anónimo y otros deben ser reexaminados. El control del comercio informal e ilegal parece también clave.

La propuesta incluye además un conjunto de medidas que no parecen acordes con una economía que debe reencontrar su senda. Destaca aquí el impuesto a las utilidades retenidas. Si bien el Gobierno realizó ajustes a su propuesta, la estructura todavía significaría un desincentivo a la inversión. Por otra parte, la apertura de Hacienda a flexibilizar los requisitos para acceder a la exención del impuesto de primera categoría a fondos de inversión privados es interesante, pero debe ser afinada para no afectar el alicaído mercado financiero local. Desde un punto de vista ciudadano, las modificaciones a los beneficios asociados al DFL 2 representarían un cambio importante en las reglas del juego para miles de personas.

En cuanto a las medidas definidas por la autoridad como “proinversión”, el conjunto parece insuficiente. Chile requiere mucho más que lo considerado por California hace casi una década (el modelo utilizado por Hacienda) en materia de promoción de inversión. Tampoco resultan suficientes una depreciación semiinstantánea para 2023 o una mayor gradualidad en la nueva norma sobre utilización de pérdidas tributarias de arrastre. Frente a la real pérdida de competitividad que sufre el país, se requiere una estrategia para atraer inversión de forma permanente. Visitas ministeriales al extranjero son vanas sin un cambio tributario acorde con esto.

El impuesto al patrimonio ilustra otro punto cuestionable. La eventual eliminación del exit tax y la simplificación de normas de valorización de activos son modificaciones adecuadas al proyecto original, pero no dan cuenta de las dificultades recaudatorias que tendrá este impuesto. La evidencia internacional es clara.

Es efectivo lo que señala la OCDE en cuanto a que Chile enfrenta un importante desafío en materia de impuestos. Debe realizar esfuerzos para aumentar la base tributaria al tiempo que elimina las ineficiencias burocráticas que genera el Estado, puntos no abordados por la reforma del Gobierno. Se suman las dudas respecto de la posibilidad de recaudar lo originalmente planteado. La dura derrota política que significó el plebiscito del 4 de septiembre para el Ejecutivo y la pobre capacidad de gestión hasta ahora demostrada deberían abrir espacio a una reforma tributaria más acorde con las necesidades y demandas de la mayoría de la población.