La situación crítica por la que atraviesan las isapres parece estar agravándose, según lo han indicado las mismas empresas aseguradoras en una carta a las autoridades mediante la cual suspenden la mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Salud. Las pérdidas que han debido enfrentar ante la pandemia, que significó un aumento inusitado de las licencias médicas, se han unido a las dificultades impuestas por el Estado para ajustar sus precios. Así, el déficit operacional alcanza los 220 mil millones de pesos, pero el incremento en los costos no es reconocido por la Superintendencia de Salud, que solo les ha permitido cifras muy inferiores a las que han calculado las instituciones.

El sistema imperante fue diseñado como uno de competencia por precio y calidad entre las isapres, pero diversas situaciones han complicado su desarrollo. El año 2010, el Tribunal Constitucional, en un fallo complejo, desdibujó completamente el esquema en que debían operar y desde entonces cada aumento de precios ha sido impugnado en tribunales. Estos, como es bien sabido, les dan la razón a quienes reclaman, adjudicando, además, las costas del juicio a las isapres. Así, se estima que se han destinado más de cien mil millones de pesos a los abogados que se dedican a organizar la presentación masiva de recursos. Por cierto, cientos de miles de recursos por año provocan serios problemas en los tribunales y, atendidas todas las aristas del problema, se aprobó el año pasado en el Congreso una ley que prohibió toda alza durante la pandemia, pero autorizó a la Superintendencia a estudiar los costos y fijar aumentos máximos después de superada la emergencia. Así se llegó a autorizar este año un alza, pero esta fue rechazada por la Corte Suprema por carecerse de los estudios pormenorizados de los costos de cada isapre. La propia Corte propuso una solución que consistió en un nuevo estudio hecho por la Superintendencia, la que autorizó en proporciones variables los aumentos, desencadenando la molestia de las aseguradoras.

No todas las isapres se han creado con capitales chilenos y la situación por la que atraviesan está creando dificultades con inversionistas extranjeros, en momentos en que el país procura conseguir inversiones. Al menos dos grupos importantes, uno estadounidense y el otro británico, poseen aseguradoras de salud en Chile. Una de ellas, que pertenece a la British United Provident Association, BUPA, se ha sentido perjudicada por la prohibición de reajustar sus precios desde 2020. Para ellos, ni siquiera el límite máximo de 7,6 por ciento, autorizado originalmente, lograba resolver el problema de cubrir los reales costos. En estas circunstancias, decidieron activar los mecanismos previamente establecidos para resolver controversias contemplados en el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones celebrado entre el Reino Unido y Chile. La semana pasada, los británicos enviaron un requerimiento a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales solicitando una negociación amistosa con la Cancillería, paso previo a formular un reclamo formal ante el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que sería el organismo que arbitraría en el caso. En principio, parece atendible la queja de los inversionistas británicos, que han debido soportar cambios en las reglas de juego que están lejos de las habituales, al dejarlos con un precio fijo y no aceptar sus estudios de costos. Se abre ahora un espacio de diálogo que va más allá de las autoridades de salud y que debería encontrar una solución permanente en un plazo de tres meses, luego de lo cual se procedería a la intervención del organismo internacional.

La extrema debilidad en que se encuentran estas empresas no es un asunto menor, pues amenaza a millones de chilenos con perder sus seguros de salud, y otras instituciones del sistema financiero se verían afectadas por una eventual quiebra, aunque ello esté lejos de provocar un efecto sistémico. La Superintendencia de Salud no parece haberle atribuido importancia a mantener a toda una industria en los límites de la solvencia, en especial tratándose de un servicio crucial para la salud y la vida.