Como presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio, me correspondió acompañar al presidente de ese gremio a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para exponer la posición del comercio ante la reforma tributaria que impulsa el Gobierno.

En la ocasión, advertimos que había numerosas empresas pymes que no calificaban legalmente como tales, por tener que sumarles a sus ingresos aquellos que registran sus propietarios. Existen empresarios que pierden los beneficios de las pymes porque su inversión no la realizaron como personas naturales, sino por medio de una sociedad. Señalamos a los parlamentarios que la reforma tributaria no resolvía este problema, subrayándoles que hoy, con la normativa vigente, el emprendedor paga bastante más que un trabajador dependiente por ingresos similares. Esa diferencia es aún más significativa cuando se compara su situación con un contribuyente que no es pyme, aunque sea dueño de una pyme. Lo anterior se torna aún más dramático con la desintegración que se propone en la reforma tributaria.

También dijimos que el impuesto al diferimiento era una muy mala idea, porque afecta el ahorro y la inversión y castiga al empresario eficiente. Manifestamos que los dineros de las empresas dueñas de las sociedades operativas están efectivamente invertidos en dichas sociedades (como créditos) o en el mercado (bancario, de capitales o inmobiliario) y que, cualquiera sea su destino, genera réditos que pagan impuestos, beneficiando al país.

Otro error es el impuesto al patrimonio para las personas naturales, ya que este impuesto recauda poco y provoca que los capitales emigren, como ocurrió en Francia, que lo eliminó el año 2017, por ser una pésima señal para la inversión y el ahorro.

Era esperable que todos estos puntos, que fueron expuestos antes del plebiscito, experimentaran rectificaciones tras su resultado. Lamentablemente, el Gobierno no escuchó e insiste en gravar el patrimonio de las empresas y de las personas. Suena bien para el discurso, porque sus “expertos” argumentan que en Chile no existen impuestos patrimoniales, aunque el impuesto a la herencia sí lo es, como también el impuesto territorial y las patentes municipales.

Los inspiradores de la reforma creen que los “ricos” pagan pocos impuestos, aunque la brecha que existe con la OCDE se concentra en los impuestos personales, que en Chile recaudan un 81% menos que en los países OCDE. No entienden que lo regresivo del IVA puede resolverse mediante subsidios o transferencias directas. Tampoco consideran que cuando hay crisis económicas, la actividad empresarial se contrae y la recaudación disminuye. Frente a ello, piensan en una solución fácil, pero contraproducente: compensar esos menores ingresos con una mayor presión fiscal (más impuestos). Lo que demanda el sentido común es hacer lo contrario de lo que plantea la reforma tributaria: atraer el capital y la inversión, y no espantarlos. Lo óptimo, que debiera ser el objetivo de todos, es promover el emprendimiento, controlar eficazmente la informalidad y favorecer el ahorro. Los países que castigan el ahorro jamás progresan. Lo demuestra la evidencia.

Christian Aste
Abogado