Qué pregunta más difícil, porque si bien el poder del Estado ha de articularse de tal forma que tanto su organización como su ejercicio deriven siempre de la voluntad del pueblo —o puedan ser atribuidos a él—, no es menos cierto que dicha voluntad es algo etérea, difusa y necesitada siempre de que se le dé forma. Una voluntad que es, por lo demás, cambiante y volátil (como lo han demostrado las últimas elecciones en Chile), por lo que no es algo acabado en sí y que solo necesita ser evocada para poder actuar conforme a ella.

¿Cómo interpretar entonces los resultados del plebiscito del 4 de septiembre? ¿Qué parte de la propuesta constitucional fue lo que produjo su rechazo masivo? ¿Fue una sola razón o varias? ¿O no fue la propuesta en sí, sino la forma en que se llevó a cabo? Estas, entre muchas otras, son las preguntas que deja el fallido proceso constitucional, y son las interrogantes que intentan dilucidar nuestros representantes. Una tarea difícil, sin duda, pero tener un diagnóstico claro acerca de qué falló es esencial para saber cómo seguir.

En estos momentos tan delicados, en que todos estamos pendientes de cómo se seguirá desenvolviendo este proceso constitucional, la tentación de atribuirse esta voluntad popular, dándole un contenido acorde a las propias ideologías, puede ser nefasta y provocar un segundo proceso constitucional fallido; un lujo que no nos podemos dar. Nunca sabremos con certeza qué fue lo que llevó al pueblo chileno a rechazar esta propuesta de forma tan contundente, por lo que atribuirle “bordes” a una futura discusión, que van más allá de principios constitucionales básicos, me parece un acto de arrogancia (y uno muy parecido a múltiples actos que vivimos hace poco en la Convención).

Ciertos principios constitucionales mínimos como un Estado democrático y de Derecho, la separación de poderes, y otros acordes a nuestra tradición constitucional, como un Congreso bicameral y la unidad del Estado, responden bien a consensos básicos y necesarios que la próxima Carta Fundamental debe mantener. Por otro lado, la propiedad sobre los fondos previsionales y los derechos de aprovechamiento de aguas parecen contenidos más debatibles y en los que no es obvio un consenso mayoritario o compartido entre aquellos que votaron Rechazo.

Más que una discusión sobre los contenidos de la futura Constitución, lo que se necesita es generar un mecanismo institucional adecuado, en que una discusión constitucional se pueda desenvolver con seriedad y respondiendo a los problemas que Chile enfrenta hoy. La composición del futuro órgano, así como las reglas procedimentales para que se dé un debate interno de altura, serán claves para lograr un proceso exitoso. Asimismo, el rol que deberán tener los expertos dentro del mismo es uno de los aspectos esenciales en los que debiese centrarse el debate en estos momentos.

No hay mayor tentación que tratar de atribuirse la voluntad popular, pero no caer en los errores del pasado es lo que nos permitirá llevar a buen puerto la discusión constitucional.

Hace no poco tiempo tuvimos una Convención Constitucional embriagada y confiada en ser la legítima representante del sentir ciudadano. Pensaron que ese 78% de chilenos que votaron por una nueva Constitución quería cambios radicales, y así hicieron de la propuesta constitucional un verdadero programa político. El resultado está a la vista. La pelota está ahora al otro lado de la cancha: ¿pecarán también de excesiva confianza aquellos que ahora se sienten depositarios de la voluntad popular? Después de todo, ¿qué es la voluntad del pueblo sino algo etéreo, difuso y cambiante?

Macarena Granese
Investigadora del CEP