Señor Director:

La edición del 27 de septiembre trae la nota “Los problemas y ‘nudos críticos' que tensionan la desmunicipalización”, dando cuenta de la intervención del ministro de Educación ante las comisiones de Educación de la Cámara y del Senado. Ahí explicó sobre la necesidad de ampliar el plazo para completar el traspaso de los colegios públicos desde los municipios a los nuevos Servicios Locales de Educación (SLEP), llevándolo desde 2025 a 2029. El ministro aduce “falta de capacidad técnica” para implementar en el plazo original, como también dificultades de financiamiento.

Como gremio docente expusimos desde sus inicios respecto de las deficiencias de la ley de Nueva Educación Pública (NEP) y hoy podemos señalar que lamentablemente nuestras aprensiones se han visto confirmadas con las graves problemáticas que ha evidenciado en su funcionamiento.

Es cierto que el sistema arrancó en condiciones nada favorables en 2017, ya que le correspondió su implementación al gobierno de Sebastián Piñera, y resultó evidente que ninguno de sus ministros de Educación (Varela, Cubillos y Figueroa) mostró mayor compromiso ni vocación por hacer funcionar adecuadamente el novel sistema.

Pero sería un error suponer ese factor como el único que explica las deficiencias. Hay aspectos de fondo que no pueden ser soslayados por el ministro actual si efectivamente tiene la voluntad de avanzar hacia un sistema de educación pública robusta y que cumpla con su misión cabalmente.

Hay mucho que modificar en la normativa; solo por mencionar algunas: es indispensable revisar el financiamiento vía voucher y reemplazarlo por uno basal, así como también modificar esa condición jurídica tan sui generis de “sostenedor”, donde el Estado establece una relación con los SLEP idéntica a la que establece con los privados que participan en educación, lo cual genera una anomalía muy infrecuente en el resto del mundo.

También debe abordarse el déficit financiero que se genera por los aportes municipales que dejan de recibirse y el nuevo sistema no contempla su reposición.

Uno supone en el actual gobierno una voluntad real por fortalecer la educación pública; para ello se requiere de medidas de fondo y no meros parches.

Mario Aguilar Arévalo
Presidente RM Colegio de Profesoras y Profesores