Un total de 110 investigaciones instruyen las fiscalías de la macrozona sur del país en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), confirmaron los fiscales regionales de Biobío, Marcela Cartagena; de La Araucanía, Roberto Garrido; de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez; y de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, en una respuesta conjunta que hicieron llegar por escrito a la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC).

Ello, luego de que el 7 de septiembre dicha instancia oficiara a esas cuatro jurisdicciones del Ministerio Público para solicitar el envío de “información del eventual desarrollo de procesos penales en que se investigue o se haya investigado la presunta responsabilidad penal de miembros de la organización denominada Coordinadora Arauco Malleco y de (su líder y vocero) Héctor Llaitul Carrillanca”.

En la misma solicitud, el TC plantea que “de ser afirmativo lo anterior, especificar el o los procesos penales involucrados, sus intervinientes, estado actual de tramitación y, de ser procedente, las imputaciones penales respectivas”.

De esta manera, el TC busca resolver con mayores antecedentes a la vista el requerimiento que el 31 de agosto presentó el abogado y excooordinador nacional de la macrozona sur durante el gobierno pasado, Pablo Urquízar, para declarar inconstitucional a esa organización violentista. Tal escrito está puesto en la tabla que se discutirá mañana en la Segunda Sala.

Anterior requerimiento

Se trata de la segunda acción de esta naturaleza que interpone Urquízar. Inicialmente, el 12 de julio, el profesional había presentado un requerimiento en contra de cuatro organizaciones que promueven la violencia en el sur del país. Además de la propia CAM, había pedido la inconstitucionalidad de Weichan Auka Mapu (WAM), de Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y de Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), el que con votación de mayoría fue declarado inadmisible por la Segunda Sala del TC.

En su segundo escrito, ingresado el 31 de agosto, Urquízar se focalizó en la CAM y en Llaitul, quien se encuentra desde fines de agosto en prisión preventiva en la cárcel de Biobío, formalizado por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía por infracciones a Ley de Seguridad del Estado y por delitos de robo de madera y usurpación, entre otros.

“Uso de la violencia”

Al presentar el actual requerimiento, Urquízar argumentó que con este “sostendremos que esta organización política tiene objetivos y ha desarrollado actos y conductas que no respetan los principios básicos del régimen democrático y constitucional, ya que hacen un expreso uso de la violencia, la propugnan e incitan a ella como método de acción política”.

En la misma ocasión, el excoordinador de seguridad también sostuvo que en el caso de Llaitul, al promover estas acciones “ha tenido participación en los hechos que ameritan la declaración de inconstitucionalidad”.

“Caracteres de delito”

En su respuesta al TC, los fiscales regionales establecen que “desde 2018 a la fecha, la Coordinadora Arauco Malleco ha sido vinculada, al menos, a 110 hechos que revisten caracteres de delitos, dando origen a investigaciones que tienen por objeto indagar acerca de la responsabilidad penal de los miembros de dicha organización”.

Además, agregan que la misma organización se adjudica responsabilidad “mediante el uso de lienzos o pancartas abandonados en los respectivos sitios del suceso o mediante comunicados posteriores reivindicatorios de los ilícitos perpetrados”.

En el oficio se detalla que 90 de las investigaciones se llevan a cabo en La Araucanía, 10 en Biobío y las 10 restantes en Los Ríos.

También se hace notar que en cuatro de las causas en desarrollo las indagatorias y diligencias efectuadas han permitido establecer imputados que han sido individualizados.

Penal y Constitucional

En agosto, concretada la detención de Héctor Llaitul, Urquízar advirtió sobre el efecto que podría tener en su requerimiento la formalización de cargos en contra del líder de organización violentista, ya que “los delitos asociados a la Ley de Seguridad del Estado que se le imputan están vinculados con su rol como vocero de la CAM y el llamado a la violencia que se concreta en ilícitos como la usurpación, uno de los métodos de la violencia política de la CAM, y el robo de madera para financiamiento”.

Urquízar hizo notar que “la conexión es muy relevante, no obstante que el requerimiento se refiere al ilícito constitucional y la detención al ilícito penal”.