Diversos parlamentarios de oposición están recabando antecedentes para la posible presentación de acusaciones constitucionales contra la exministra del Interior Izkia Siches y el extitular de la Segpres Giorgio Jackson. En las últimas horas ha trascendido que la ministra de Justicia también podría ser objeto de un libelo. Los parlamentarios argumentan que con ello solo están cumpliendo con su deber de fiscalizar las acciones del Ejecutivo.

Entre los puntos que estarían considerando, se cuenta el alza de los delitos violentos y el manejo de las urgencias legislativas para impulsar la agenda de seguridad. Al respecto, hacen notar que, entre el 11 de marzo y el pasado 6 de septiembre, el Gobierno solo ingresó 5 urgencias para iniciativas tramitadas por la comisión de Seguridad Pública, en contraste con 33 para proyectos de la comisión de Constitución. Como se ve, lo que en definitiva se cuestiona es el modo en que esas autoridades habrían ejercido sus atribuciones y la eficacia de sus políticas en materia de seguridad pública. Pero, independientemente del juicio crítico que se pueda tener al respecto, no se divisan aquí causales que permitan sostener una acusación constitucional. El caso de la titular de Justicia es algo distinto, pues se apunta a un eventual incumplimiento de las normativas penitenciarias para favorecer con traslados a condenados por violentos delitos cometidos en la macrozona sur; resulta, sin embargo, impropio anunciar eventuales libelos cuando recién se recopilan los antecedentes.

Con todo, más allá de la evaluación particular de cada situación, lo más inquietante es la señal que parece estar dándose respecto del uso de esta herramienta. Sería profundamente negativo que la actual oposición perpetuara la nefasta e irresponsable práctica desarrollada durante la administración Piñera por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista, de utilizar la acusación constitucional como un instrumento desestabilizador. En ese período, distintos ministros de Estado y, en dos oportunidades, el propio Presidente de la República fueron objeto de acusación. Ello, que partió cuando ese gobierno llevaba menos de tres meses en el poder, se exacerbó luego del 18 de octubre de 2019 y se transformó, de hecho, en una amenaza constante a las autoridades. Aunque finalmente solo prosperó el libelo contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, la sucesiva presentación de acusaciones de nulo fundamento fue un factor de constante disrupción que distrajo las energías de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y debilitó la gobernabilidad. Así, en lugar de instrumento de ultima ratio para perseguir gravísimos ilícitos constitucionales, la oposición de la época lo hizo una herramienta para expresar su disenso político y obstaculizar el funcionamiento del gobierno.

Ha de ser tentador para la actual oposición replicar ahora el juego de que entonces fue víctima. Ello, sin embargo, solo serviría para seguir debilitando la democracia, al desnaturalizar sus instituciones. Es cierto que al Frente Amplio y al PC su conducta obstruccionista no les trajo costos e incluso les pudo significar réditos electorales. Con ello, sin embargo, contribuyeron a agudizar una crisis de la que el país aún no logra salir. Por lo mismo, un sentido de responsabilidad impone recuperar la seriedad en la acción política.