Los organismos internacionales rara vez cuestionan directamente las reformas legislativas en curso en los distintos países. Hay que entender en esa dimensión las referencias que realizó la OCDE en su último Estudio Económico de Chile 2022 a propósito de la reforma tributaria que impulsa el actual gobierno. Más que apoyar los contenidos específicos de esa iniciativa, el estudio pone énfasis en la baja carga tributaria y en el desajuste que existe, particularmente, en los impuestos a las personas. De ahí la importancia que asigna a aumentar la base de este impuesto y asegurar una mayor progresividad. Por supuesto, ambos fenómenos están relacionados. La propuesta tributaria del Gobierno, sin embargo, decidió no ampliar la proporción de personas que pagan impuesto a la renta y concentrar la recaudación adicional en un grupo reducido, incluyendo a los sectores de mayores ingresos, por la vía de un impuesto al patrimonio. De ahí que, junto con valorar el esfuerzo por aumentar la carga tributaria, la OCDE muestre un cierto escepticismo respecto de la posibilidad de alcanzar la recaudación deseada. El punto no se aborda directamente, pero sí se plantea el temor de que la deuda pública pueda crecer más de lo que se anticipa, si es que los ingresos fiscales no suben según lo estimado y se mantienen los gastos que se quieren comprometer. Es una forma indirecta de advertir sobre los mecanismos elegidos para subir la carga tributaria.

En otros asuntos menos coyunturales, el estudio enfatiza algunos asuntos de mucho interés. La productividad de la economía, como ya ha quedado en claro, se ha reducido significativamente en la última década. Este hecho no se explica por un único factor, pero el informe pone el acento en tres aspectos: mercados poco competitivos, una excesiva complejidad de los procesos regulatorios y la baja inversión en investigación y desarrollo. No constituyen en sí mismos una novedad, pero analizados en conjunto dan cuenta de una falta de iniciativas gubernamentales decididas en estos ámbitos. Además, parecen explicaciones más plausibles del menor crecimiento observado que otras que suelen darse, como el supuesto agotamiento del modelo de desarrollo o la incapacidad del sector privado para agregar valor a la producción local. Si se quiere que la economía vuelva a crecer más rápido, ayudando de este modo a allegar más recursos al erario, enfocarse en mejorar estos indicadores parece crucial.

Otro asunto sobre el que llama la atención el estudio de la OCDE para Chile es la persistencia en las tasas de informalidad en el empleo. Por cierto, no son las más altas de América Latina, pero se empinan por sobre el 30 por ciento, a pesar del mayor ingreso per cápita y la alta proporción de la población que vive en centros urbanos. La compleja regulación chilena sobre la que alerta el organismo internacional puede ser un factor, pero no debe ser el único. A este respecto, los estudios en el país son claramente insuficientes para entender este hecho que indudablemente deja menos protegidas a estas personas. Desde luego, la baja tasa de reemplazo que hoy entregan en promedio las pensiones, otro aspecto sobre el que alerta la OCDE, está influida por este hecho. Mejorar esas pensiones supone elevar la tasa de cotizaciones, pero este esfuerzo será insuficiente si no va acompañado de iniciativas bien diseñadas para reducir las lagunas y, por tanto, la informalidad que, en muchos casos, se oculta detrás de ellas.

El informe de la OCDE también pone acento en que las desigualdades de ingresos en Chile son elevadas, pero deja en evidencia que estas se han reducido significativamente en los últimos 30 años y que el nuestro, contrario a lo que tantas veces se asevera, está lejos de ser uno de los países más desiguales del mundo. En la medida en que los esfuerzos en este ámbito estén orientados a apoyar con más transferencias monetarias a los hogares con menos ingresos, ellos son bienvenidos. Ahora, como no todo puede ser traspasar recursos privados a las arcas fiscales, hay que recordar que el Estado utiliza muchos dineros públicos en llevar adelante programas de elevados costos administrativos y dudosa efectividad que podrían redirigirse como transferencias directas a hogares vulnerables.