El 4 de septiembre, la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constituyente fue ampliamente derrotada por los chilenos, con un 62% de rechazo.

Jurídicamente, eso significaba que continúa vigente la Constitución de 1980 y sus reformas. Sin embargo, políticamente la realidad es otra. Por un parte, mantiene su vigencia la respuesta de la ciudadanía al plebiscito de entrada, aquel que dijo que el 78% de los chilenos quería una nueva Constitución, como asimismo, que la redacción de esa Constitución fuera hecha por un colectivo 100% elegido por la propia ciudadanía. Por otra parte, durante la campaña plebiscitaria sectores relevantes de la derecha, agrupados en el bloque político Chile Vamos, así como los grupos autodenominados Amarillos por Chile y Centroizquierda por el Rechazo, apelando a la ciudadanía a votar Rechazo, se comprometieron públicamente a que si la opción triunfaba el proceso constituyente seguiría su curso.

En las últimas semanas, los actores políticos enfrentados a la continuidad del proceso han planteado las más diversas alternativas. Un sector político, como por ejemplo el Partido de la Gente, es partidario de hacer un nuevo plebiscito de entrada, preguntándoles a los ciudadanos: ¿Qué mecanismo o entidad preferiría para redactar una nueva Constitución? Esas opciones naturalmente son el actual Congreso o una comisión de expertos o, finalmente, una nueva Convención elegida.

Otro sector político, nucleado en torno al Partido Republicano, más bien opina que no hay necesidad de una nueva Constitución, sino que bastaría con reformas parciales a la Constitución vigente.

Otro sector político, la derecha más tradicional, es decir, la UDI, RN y Evópoli, plantean mezclas y opciones de las versiones anteriores y, además, han agregado aumentar los límites a una futura Constitución por la vía de ampliar los temas que ya tuvo la Convención Constituyente al iniciar su trabajo, como por ejemplo, que Chile es una República; que los tratados internacionales siguen vigentes, y que los fallos judiciales no son alterables. A esos temas la derecha hoy está planteando agregar la autonomía de Banco Central, el presidencialismo, dos cámaras simétricas en el Congreso y la libertad de elección en salud y educación.

Frente a todo lo anterior, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista, a través de sus senadores, han planteado la siguiente propuesta:

1. No hay necesidad de un nuevo plebiscito.

2. Elección de una Convención Constituyente de 100 integrantes.

3. Convención paritaria de género en el resultado.

4. Escaños reservados de pueblos originarios por sobre los 100 elegidos y en proporción a la votación obtenida en el padrón de pueblos originarios.

5. Que el voto sea de carácter nacional, es decir, ni a nivel distrital ni a nivel de circunscripción senatorial, sino que el voto al ser nacional sea el mismo en Arica, Santiago y Punta Arenas.

6. Se vota por la lista de partidos y bloques políticos.

7. Es una lista cerrada, es decir, no se vota por personas, sino por las listas, obviamente, cada lista lleva el nombre de los candidatos.

8. Los candidatos que habitan en la Región Metropolitana en esa lista nacional no pueden superar el 35% del total.

9. Los independientes se integran a la lista de partidos.

10. La resoluciones en el pleno de la futura Convención se aprueban por 4/7 o 3/5.

11. Se determina la existencia de 35 expertos constitucionales que serán distribuidos como mecanismo asesor de la Convención, de acuerdo con proporción de votos obtenidos por cada lista.

Las fórmulas antes descritas recogen y sistematizan todo el debate que está ocurriendo en torno a la continuidad del proceso constituyente, y es de esperar que en las reuniones presididas por el presidente del Senado y por el presidente de la Cámara de Diputados converjan, cada vez más, en torno a esta propuesta y sus mejoramientos, de tal manera de reducir la incertidumbre del proceso constituyente abierto y, de acuerdo con lo informado por el servicio electoral, tener la elección de la nueva Convención en marzo o abril del 2023 y el plebiscito de salida de este nuevo proceso, con voto obligatorio, en el último trimestre del próximo año.

Finalmente, lo que está en juego es la credibilidad de la derecha política, de los Amarillos por Chile y de la Centroizquierda por el Rechazo, de cumplir su compromiso público que de haber ganado el Rechazo a la nueva Constitución el proceso constituyente continuaría para elaborar una nueva Constitución.