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Cartas
Sábado 24 de septiembre de 2022
Derechos de los privados de libertad
Señor Director:
Las autoridades estatales han constatado con preocupación que, en distintas cárceles del país, se encuentran operando bandas del crimen organizado. Frente a esta realidad, han anunciado la formulación de estrategias para hacer frente a la violencia, corrupción y desgobierno que genera la propagación de este fenómeno criminal.
Específicamente, Gendarmería se encuentra trabajando en la implementación de un Establecimiento de Alta Seguridad que funcionará en el remodelado Centro de Alta Seguridad (CAS).
A propósito, se ha divulgado una minuta del departamento de DD.HH. de Gendarmería, la cual recuerda las obligaciones que los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos establecen para los Estados, y se señala que los regímenes de aislamiento prolongado pueden ser constitutivos de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Han surgido cuestionamientos a la importancia de dar cumplimiento a estos compromisos, relativizando su obligatoriedad. Es fundamental recordar que la comunidad internacional ha consensuado un marco específico de protección para las personas privadas de libertad, dada su especial situación de vulnerabilidad al estar sujetas al control estatal.
La discusión aborda cuestiones básicas, como el acceso a luz natural, condiciones de ventilación mínimas, horas de desencierro, entre otros. Las reglas de Mandela señalan que permanecer por más de 22 horas sin contacto humano durante 15 días consecutivos debe considerarse un trato cruel. El relator especial sobre la tortura ha señalado que largas horas de encierro por períodos prolongados producen graves secuelas a quienes se ven sometidos a este régimen.
Chile se ha comprometido a prevenir, investigar y sancionar la tortura. Lamentablemente la realidad carcelaria nos recuerda que aún hay mucho camino por recorrer.
El poder transformador del trabajo de prevención de la tortura, que llevan adelante los órganos autónomos, departamentos o de la sociedad civil, es fundamental para incorporar la perspectiva de derechos en toda política pública, fortaleciendo así la confianza en las instituciones y en definitiva al Estado de Derecho.
Sebastián Cabezas Chamorro
Luis Vial Recabarren
Expertos Comité para la Prevención de la Tortura