Mientras se discute sobre el futuro constitucional, los comunistas nos anuncian que no ven con malos ojos dar un paso atrás, para avanzar después dos.

Y, con toda seguridad, los frenteamplistas también se están planteando esa misma dimensión estratégica.

Pero la gravedad de lo que sigue estando en juego no está definida por los avances o retrocesos tácticos, sino por el plano en el que esas tensiones se vienen dando y se continuarán expresando. Y ese plano es cultural y moral, mucho más que político y jurídico. Quien crea que solo fueron mayoritariamente rechazadas las estructuras formales propuestas por la Convención ha entendido poco. Y quienes estiman que fueron en realidad una docena de proposiciones destructoras del ser nacional las que resultaron inaceptables han calibrado bien su mirada.

Con toda la importancia que tienen, no fueron el sistema político, la concepción de los poderes del Estado y del Banco Central, así como la atomización del territorio, los principales contenidos rechazados, sino todo el proyecto de control cultural y moral que se pretendía imponer. Por eso, se apresura la diputada Cariola a decirnos lo contrario, a sostener que no se ha rechazado un modelo de sociedad, que la derrota sufrida solo tiene que ver con unas estructuras formales. Lo afirma, porque es justamente en el modelo de sociedad donde las izquierdas duras vienen planteando el fondo del conflicto y es precisamente ahí donde quieren seguir refundando Chile. Asumen que han retrocedido un paso, pero sin anestesia nos anuncian que darán dos adelante.

Para enfrentarlas, ¿se trata de escribir más, de formar mejor a las juventudes, de desplegar nuevas ONGs, de fortalecer las universidades de buena inspiración, de consolidar liderazgos locales generosos y honrados, de expandir la red de instrumentos de comunicación? Por supuesto que sí. Todo eso —con los consiguientes soportes económicos— es imprescindible, y lo es más que nunca.

Pero la multiplicación de iniciativas será poco eficaz si no hay un gran fondo común de bienes morales y culturales sólidamente compartido por la mayoría de los partidarios del Rechazo.

Cuando algunos dirigentes partidistas insisten en que solo participarán en acuerdos sobre un nuevo proceso constitucional dentro de ciertos bordes o límites, ¿no parece acaso mucho más necesario llegar a definir explícitamente un cuerpo doctrinario que incluya todos esos bienes intangibles que son el auténtico patrimonio nacional y que pusieron de manifiesto las organizaciones civiles que articularon el Rechazo?

Cada vez que se ha negado desde la centroderecha la importancia de ese marco de referencias fundamentales, argumentando que en esas materias hay libertad de acción, lo único que se ha conseguido es debilitar un frente común.

Si vuelve a pasar ahora, si de nuevo piensan algunos políticos que es inconveniente o imposible ponerse de acuerdo sobre la naturaleza humana, la vida y la familia, la educación y la moral natural, las libertades y los deberes, entonces va a suceder que un conjunto de organizaciones sociales van a posicionarse de modo permanente como referentes imprescindibles en esas materias. Y quizás desde aquellas se pronuncie un nuevo veto a esos políticos: ¡cállense permanentemente!

Al revés, si desde los partidos se valora en estos meses la fuerza de esas personas y organizaciones que rechazaron porque veían cómo el país tocaba fondo, es probable que unos y otros puedan beneficiarse —en sus respectivos ámbitos formales— de una convicción común sobre el auténtico plano en que se dan las disputas con las izquierdas.

Comunistas y frenteamplistas sí saben dónde está el conflicto.