El debate sobre el nuevo proceso constituyente ha sido procedimental. Se discute sobre cuestiones de diseño que incluyen reglas de quorum, plazo, forma de integración, y el tipo de individuos que deben intervenir (electos o expertos). Unos insisten en que es necesario mantener un diseño de convención electa por compromiso democrático. Otros, que ello llevaría a repetir los errores del pasado.

El énfasis procedimental que supone esta discusión desconoce el problema central de funcionamiento que afectó a la fallida Convención: su falta de articulación política previa. La Convención fue diseñada y operó sobre lo que podría denominarse un modelo (radicalmente) autónomo del sistema político. La metáfora del poder constituyente es su mejor expresión. El modelo asume que en una convención hay una delegación de poder nuevo por parte del pueblo. Sus vínculos con decisiones previas de los partidos políticos y otros actores son, así, problemáticos. Una publicación previa individual de un partido político con el contenido que defiende es inadecuada. Un acuerdo previo de los partidos políticos rayaría en la herejía.

El modelo de la convención políticamente autónoma tenía algunas buenas razones a su favor. Al 15 de noviembre de 2019, el sistema político tenía un amplio nivel de rechazo, y se favoreció generar símbolos nuevos de legitimidad. Además, la convención políticamente autónoma ofrecía una ventaja sustantiva: permite revisar problemas de diseño que no serían tocados por incumbentes.

El proceso, sin embargo, fracasó rotundamente bajo este modelo. En la Convención no hubo proyectos globales de Constitución. Los votantes difícilmente sabían por qué estaban votando, a menos que lo hicieran por una causa particular (ecologismo, feminismo, regionalismo, gremialismo judicial, etcétera). La Convención funcionó, así, con transacciones generosas entre sectores: voto por tu agenda si tú también apoyas la mía.

El plebiscito de salida y la regla de los dos tercios contuvieron bien decisiones descabelladas, pero solo eso. Y en los ámbitos que requerían articulación política amplia, la Convención funcionó más bien bajo un estilo adversarial y de transacción que terminó siendo rechazado.

Es probable que, a la luz de este fracaso, los partidos piensen en controlar riesgos por medio de un diseño procedimental que excluya aspectos discretos que se perciben lo afectaron. El ejemplo más obvio son las listas de independientes. Que la convención la diseñen expertos, se piensa, también ayudaría.

Pero esos arreglos procedimentales solo van a atacar manifestaciones discretas del problema global que afectó al proceso saliente: la falta de articulación sustantiva previa. La regla de los dos tercios se mostró incapaz de cumplir su función —evitar imposición unilateral— sin articulación política previa. La inclusión de expertos poco puede hacer contra eso.

El problema de fondo es otro: la existencia de un acuerdo político previo amplio sobre lo que debiera ser la Constitución en este momento de nuestro desarrollo político. Irónicamente, después del fracaso, ese acuerdo no parece ser especialmente difícil para un espectro absolutamente mayoritario de la representación política chilena. Los aspectos más discutidos hace poco —la idea de un Estado social de derecho, la consagración de derechos sociales, la paridad, el mantenimiento de derechos liberales clásicos— no generan disenso sustancial. Llegar a consenso en su consagración no parece difícil. Si se topa en algún aspecto particular (¿cómo debe ser un sistema que consagre el derecho a la salud?), basta con consagrar una forma constitucional que permita su moldeamiento democrático posterior.

En vez de concentrarse en negociar solo reglas procedimentales, los partidos debieran negociar el contenido de una nueva Constitución en sus aspectos nucleares. Luego pueden competir electoralmente en aspectos ya delimitados, informando así mejor a la ciudadanía sobre el significado de su voto. Las probabilidades de éxito bajo ese modelo son mucho mayores que insistiendo en una convención políticamente autónoma.

Javier Wilenmann
Profesor Derecho UAI