El Gobierno ha presentado una serie de indicaciones a su proyecto de reforma tributaria, las que implicarían una menor recaudación de 0,5% del PIB respecto de la estimada en el texto original. Son el resultado de una primera ronda de negociaciones en el Congreso, las que han llevado al Ejecutivo a corregir aspectos técnicos de su propuesta, buscando aumentar su viabilidad política. También implican en los hechos —y ello tal vez sea lo más relevante— un reconocimiento del impacto negativo del aumento de impuestos sobre el crecimiento en un escenario macroeconómico complejo.

Algunas de estas indicaciones ya estaban contenidas en el plan para fortalecer la inversión anunciado hace pocos días, como la creación de un fondo de crédito al impuesto para ciertos proyectos de inversión, la depreciación semiinstantánea, la modificación tributaria en los contratos de leasing y los cambios en la gradualidad del uso de pérdidas tributarias. Estas medidas buscan generar incentivos —principalmente de carácter transitorio— para adelantar la inversión.

El anuncio de Hacienda incorpora también cambios en otros aspectos, como aquellos referentes a elusión y evasión, definiciones en el cálculo del impuesto a la renta e impuesto patrimonial, y nuevos tratamientos especiales para las pymes. Destacan el cambio en la base y en la tasa aplicables a utilidades cuyo pago de impuestos a nivel personal haya sido diferido, la incorporación de algunas exenciones en el tratamiento tributario de rentas de viviendas DFL 2, la eliminación del impuesto de salida cuando cambia el domicilio tributario, y el establecimiento de una carga máxima sobre los ingresos que considere las tasas efectivas de impuesto a la renta y al patrimonio.

Todos estos cambios forman parte de un proceso de adecuación de la reforma a la realidad económica y política, y por lo tanto no deben ser considerados como definitivos. Más bien, se trata de modificaciones marginales en algunos puntos del proyecto, pero no cambian de manera sustancial los aspectos más controversiales de la reforma, como la carga total a las rentas del capital, que, al aumentar de manera sustantiva, genera un importante desincentivo a la inversión.

A partir de estas indicaciones, el Gobierno deberá entrar a un nuevo proceso de negociación que posiblemente lo llevará a modificar o eliminar más aspectos de su iniciativa, corrigiendo con ello los objetivos de recaudación, los que aun ahora parecen excesivamente optimistas. Los ajustes compensatorios fruto del plan proinversión o de un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo difícilmente lograrán revertir los efectos negativos de este plan tributario sobre la actividad económica. En este contexto, un esfuerzo decidido por disminuir programas de gasto mal evaluados podría incrementar el espacio fiscal sin un aumento tan sustantivo de impuestos como el que se sigue planteando.