Hace poco más de un año, antes del inicio del trabajo de la Convención Constitucional, escribí una columna en que preguntaba si éramos un país andino. No en el sentido geográfico, lo cual es evidente, sino en el reconocimiento de esa identidad en el texto constitucional. Los convencionales dijeron que sí, pero los chilenos decidieron que no lo somos, al menos del modo como se planteó esa idea.

La definición de Chile como un Estado Plurinacional en el borrador rechazado categóricamente estaba en la línea exacta del llamado “constitucionalismo andino” o “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, promovido por catedráticos españoles y adoptado con entusiasmo por sectores radicales de izquierda e indigenistas de Ecuador y Bolivia, y por los convencionales de escaños reservados indígenas chilenos y sus aliados de varios colectivos de la constituyente.

Probablemente hubo múltiples razones para que esa mayoría aplastante votara a favor de mantener la actual Constitución, tal como se acordó en noviembre de 2019, para reformarla o redactar una nueva, de acuerdo a normas y pautas democráticas dentro del marco institucional, y no por reglas especiales —que distorsionen la voluntad de los electores—, en igualdad de condiciones, sin discriminación ni privilegios indebidos. Pero todo parece indicar que el tema de la plurinacionalidad fue determinante en la decisión de los electores.

Carlos Sánchez Berzaín es un politólogo boliviano que ha estudiado en profundidad las constituciones “andinas” y aplaude que los chilenos —incluida la mayoría de los electores mapuches, como lo indica la altísima votación del Rechazo en La Araucanía— hayan desahuciado el borrador propuesto. Según Sánchez, la “plurinacionalidad” es un “ataque contra la democracia”, porque se suplanta el concepto de “cultura” por el de “nación”, lo “pluricultural” por lo “plurinacional”, lo cual genera confrontación entre pueblos que viven en el mismo territorio. A su juicio, la idea de plantear múltiples naciones tiene que ver con una supuesta aspiración de cada una de ellas (36 en Bolivia, 11 en nuestro caso, aparte del pueblo chileno) a tener derecho a la plena autonomía. “Esa es una estrategia que lleva al fraccionamiento territorial del Estado, porque no hay nación sin territorio”, dice el experto boliviano.

En realidad, ese proyecto es tan irrealizable que ni en Bolivia ha prosperado. Son contadas con una mano las autonomías territoriales indígenas campesinas que se han formado desde que se promulgó la Constitución de 2009. En varios casos, las comunidades rechazaron los estatutos propuestos; en otros, no cumplían los requisitos. Pero, además, ni el gobierno de Evo Morales ni el de Luis Arce han mostrado interés en que, a los múltiples conflictos sociales existentes, se sumen nuevos con cada uno de los 36 pueblos, y le impidan al Estado decidir sobre proyectos considerados necesarios para todo el país.

Cualquiera sea la salida al proceso constitucional que se tome en Chile, es improbable que lo plurinacional vuelva a ser considerado. Y por buenas razones.