Es una situación increíble: de las 49 “megatorres” de vivienda de entre 25 y 38 pisos de altura construidas en la comuna de Estación Central en la última década, hay 15 edificios terminados –5.500 departamentos– sin poder ser habitados por haber sido declarados ilegales en su construcción. A estos podrían sumarse varios más en similar condición, además de numerosos permisos anulados de antemano. En efecto, tras denuncias de vecinos y procesos judiciales, tanto la Contraloría como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han confirmado la ilegalidad con que fueron levantadas esas torres, no solo contraviniendo normas urbanísticas, sino también desdeñando cuestiones elementales de ética profesional y empresarial. En consecuencia, la actual administración municipal se ha querellado por prevaricación contra funcionarios de administraciones anteriores, mientras las inmobiliarias afectadas se allanan a negociar algún tipo de compensación con tal de recuperar sus inversiones. Los perjuicios al entorno urbano son tan enormes como los edificios mismos: cada torre concentra cientos de departamentos minúsculos e idénticos, hechos para el lucrativo negocio de la renta residencial, siempre de estándares mínimos, pero impidiendo el arraigo de familias, la buena convivencia, la eficiente administración y el fortalecimiento de comunidades y barrios. El descabellado tamaño y la densidad impuesta sobre vecindarios de casas modestas ha significado un descalabro en tráfico y movilidad, en el acceso al sol y la ventilación, en la capacidad de las redes sanitarias, en seguridad y tranquilidad. Sin duda lo más grave es la absoluta carencia de espacio, servicios y equipamiento públicos en proporción adecuada a la nueva población hacinada en estas torres.