En las últimas décadas ha tomado fuerza el concepto de la Capacidad del Estado (“State capacity”) para explicar el progreso (T. Besley, T. Persson, “Pillars of Prosperity”, 2011; Acemoglu et al., “State capacity and economic development”, 2013).

Esta mirada enfatiza que esa capacidad es fundamental para que los países tengan seguridad y orden; para proveer los bienes públicos tradicionales, incluyendo en ellos los temas de Estado de Derecho, de equidad y de regulación de externalidades; para hacer respetar el derecho de propiedad que asegure la inversión en capital físico y humano; y para permitir que el Estado cuente con los recursos para financiar sus labores en forma eficiente.

Este enfoque es especialmente relevante en la realidad actual, dado que el país está sufriendo un problema de inseguridad mayor a raíz del fenómeno de la delincuencia; el problema del “octubrismo”, con protestas estudiantiles especialmente en Santiago, y el terrorismo en La Araucanía.

Asimismo, la coyuntura económica es compleja, por la recesión que el país comienza a experimentar y que será más grave el próximo año. Al respecto, cabe señalar que el Banco Central proyecta una caída de inversión en 2023 de alrededor de 4%.

Existen propuestas de corto plazo para lograr acuerdos políticos que bajo el concepto de aumentar la capacidad del Estado enfrenten los problemas señalados:

1. En el problema de la seguridad puede lograrse un acuerdo para sacar adelante la agenda de leyes que está en el Congreso y que aborda esas materias. En ello son prioritarias la ley de inteligencia y la modernización de las policías, ya que como lo demuestra la evidencia (“State capacity and terrorism…”, C. Hendrix, J. K. Young. Security Studies, 2014), lo más relevante es la capacidad del Estado para recolectar, procesar y operar con información de inteligencia.

2. Materializar a la brevedad un acuerdo que despeje la incertidumbre sobre el derecho de propiedad producido por el texto constitucional rechazado el 4 de septiembre pasado. Para lo cual hay que tomar un compromiso por parte de la mayoría de los partidos políticos, de mantener la norma contenida en la Constitución vigente y anunciar la voluntad de implementar a la brevedad posible el nuevo Código de Aguas aprobado a comienzos del presente año. Además, comprometer la mantención del concepto vigente de propiedad intelectual.

3. Implementar un “fast track” para un paquete de leyes que agilicen la inversión económica (proyectos energéticos, mineros e intensivos en empleo) y social (proyectos de protección social, empleo y para que los niños recuperen la educación perdida por la pandemia). Hay proyectos de ley presentados por el gobierno anterior y otros que están siendo estudiados por el actual. Asimismo, existen sugerencias administrativas para agilizar los procesos burocráticos. Solo se requiere voluntad política.

4. Aprobar en el Congreso en las próximas semanas el TPP11 y cerrar definitivamente el acuerdo con la Unión Europea, lo cual daría una señal de confianza política y económica a la comunidad internacional de que el país retoma el camino de la inserción al mundo.

5. Acordar en materia tributaria una gradualidad mayor de la reforma para que su impacto negativo en la inversión sea menor, introducir más estímulos a la inversión y acordar que la mitad de los recursos va a provenir de austeridad y eficiencia en el gasto público.

El paquete señalado contribuiría a atenuar las “fallas del Estado” y daría una señal de corto plazo para reducir la incertidumbre sobre el futuro.

Cristián Larroulet V.
Académico U. Del Desarrollo