Frente al contundente resultado del plebiscito, diversos actores, tanto políticos como académicos, han enfatizado que la discusión constitucional que enfrentará nuestro país de aquí en adelante no debiera partir desde una hoja en blanco, como fue la opción de la recientemente derrotada propuesta de la Convención Constitucional.

Es muy razonable sostenerlo así por dos principales razones. La primera es que el texto propuesto —y rechazado el domingo pasado en el plebiscito— optó conscientemente por desatender toda la rica y extensa tradición constitucional chilena que había venido modelando instituciones y normas que, con matices, fueron acogidas por los diversos estatutos constitucionales que han regido en el país. La segunda es que hemos pasado un tiempo largo ya inmersos en un debate constitucional que ha generado múltiples insumos —iniciativas ciudadanas, de la sociedad civil y de los propios constituyentes—, aunque la mayoría de ellos no fueron tomados en cuenta por las izquierdas que hegemonizaron la Convención, y algunos incluso fueron desechados sin siquiera ser discutidos.

Sin embargo, nos parece que hay un segundo tema que surge con bastante claridad del ejercicio democrático del 4 de septiembre y que no ha sido suficientemente enfatizado. El texto constitucional propuesto por la Convención fue amplia y concluyentemente rechazado en las urnas, con una participación ciudadana histórica —votó el 86% del padrón electoral— y con una opción de Rechazo ganadora que por sí sola aglutinó más votos —casi 8 millones— que todos los participantes del plebiscito de entrada. Las razones de este contundente triunfo del Rechazo son variadas, pero obviamente una de ellas dice relación con el notorio y reiteradamente advertido ánimo refundacional del texto propuesto que atentaba contra lo más profundo de la chilenidad, consagrando un indigenismo exacerbado que otorgaba privilegios que los demás chilenos no tendrían, una expansión estatal a costa del rol colaborador de la sociedad civil y un sistema político realmente mal diseñado y que diluía los equilibrios y contrapesos institucionales tan propios de una democracia representativa.

En este sentido, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre refleja claramente que el texto constitucional aprobado por las mayorías que hegemonizaron la Convención, propuesto al país y rotundamente rechazado, no puede ser la base para la discusión futura. Hay que considerar además que lo que también se rechazó ese domingo fue el delirio “octubrista” que a punta de fuego y violencia alentó este proceso. Por el contrario, dicha conversación debiera valorar y considerar la extensa tradición constitucional de nuestro país, recoger las instituciones valiosas de la Constitución vigente y diversas iniciativas surgidas desde la ciudadanía.

Junto a ello, además de procurar el auxilio estatal oportuno, concreto, efectivo y permanente a quienes más lo necesitan, en materias que ya se han discutido ampliamente y que merecen preocupación urgente —como salud, educación, pensiones, vivienda, etcétera—; del mismo modo debiera impulsar el compromiso de todas las personas con el resto de la sociedad, partiendo por recuperar el respeto a quien piensa diferente y reconocer que desde la sociedad civil también se generan bienes públicos.

Chile necesita una buena Constitución y que sea considerada legítima por una amplia mayoría. Para eso es evidente que una propuesta descartada amplia y categóricamente en un plebiscito masivo y reciente, precisamente porque su radicalidad no generaba la unidad necesaria, no puede ser un punto base para llegar a buen destino.

El debate constitucional es demasiado importante como para asumir un diagnóstico precipitado. Es momento de dilucidar lo que los chilenos nos quisieron decir y no de adoptar la interpretación que mejor reafirme la posición de cada uno. Sobre todo cuando esas posturas se afirmaron en escenarios sobrepasados por los resultados del domingo pasado.

Una buena Constitución para Chile requiere, además, un compromiso irrestricto con el Estado de Derecho, la unidad nacional y la libertad y dignidad de las personas.

Por último, es fundamental que el Gobierno comprenda que el resultado del plebiscito también es una señal de descontento a su gestión, incluido su despliegue para que la propuesta de la Convención fuera aprobada. Para colaborar en que este nuevo proceso tenga éxito, el Ejecutivo debería centrarse en restablecer el orden público y aliviar el impacto de una crisis económica que no dará tregua en el corto plazo y que tiene a las familias chilenas agobiadas. Sin paz social, este proceso corre el riesgo de fracasar otra vez.

Bettina Hörst
Natalia González
Instituto Libertad y Desarrollo

José Francisco Lagos
Tomás Bengolea
Instituto Res Publica

Juan Pablo Rodríguez
Maximiliano Duarte
Fundación P!ensa

Sebastián Guerrero
Luis Pardo
Instituto Libertad

Jorge Jaraquemada
Felipe Lyon
Fundación Jaime Guzmán