Gabriela Mistral miraba a Chile como un barco que llega a puerto cuando una mitad de la tripulación no quiere ni puede echar por la borda a la otra. Los dos últimos plebiscitos confirman que la ciudadanía comparte esta visión. No quiere normas constitucionales elaboradas con exclusión de sectores importantes de la población, de izquierda o derecha. Sin embargo, la discordia constitucional persiste. ¿Cómo seguir?

En 2020 tuve la oportunidad de presentar un estudio que mostraba que las normas básicas de la Constitución vigente —sistema político y derechos fundamentales— provienen del siglo XIX y de la primera mitad del XX, ¡con la misma redacción! Otro tanto considerable es posterior a 1990. Salvo algunos preceptos introducidos por las Fuerzas Armadas, estamos regidos por una Carta bicentenaria, ajena a Pinochet, testimonio jurídico recitado por generaciones. Por lo mismo, cualquier avance debe obedecer a esa tradición y no a refundaciones o “experimentos”, en expresión de Agustín Squella.

Una tradición genuina es siempre moza. Hannah Arendt advertía el engaño del “tradicionalismo” y del “progresismo” de hacernos creer que la tradición es apego al pasado. No es así. Tradición es identidad, alma o idiosincrasia perenne y vivificante; un modo de ser y de obrar ante nuevos problemas. Está compuesta por “antorchas vivas” (Aleixandre) entregadas a los jóvenes para alumbrar su caminar con la sabiduría de los baches pasados. Los romanos pedían lo mismo al dios Jano, que iluminara la buena transición entre el comienzo y el futuro.

Los elementos de una tradición constitucional son fácilmente identificables bajo dos criterios: pervivencia en el tiempo y consenso amplio. Veamos.

En Chile, lo esencial proviene del siglo XIX: equilibrio de poderes, presidencialismo sin reelección, bicameralismo, democracia y Estado unitario. Somos una nación mestiza regida por la igualdad ante la ley y la iniciativa presidencial en gasto público. Nuestros cambios constitucionales legítimos han sido parciales, no tocan las normas que funcionan, sin prisa ni despilfarro.

Varias normas incorporadas en 1980 fueron propuestas por el Presidente Allende en 1972: la protección de la familia matrimonial, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la integridad psíquica, la carrera funcionaria, el pago previo al contado del bien expropiado, el resguardo del medio ambiente, la defensa jurídica gratuita, la responsabilidad estatal directa y el orden público a cargo de Carabineros e Investigaciones. De 1971 proviene el trato ecuánime del Estado a educadores públicos y privados y la nacionalización del cobre. Hay también decenas de preceptos del texto de 1980 que fueron repetidos en la propuesta de la Presidenta Bachelet en 2018.

Cada vez que esta tradición es abandonada por intentonas partisanas, el pueblo previene o corrige. Recordemos el fin de los comandantes inamovibles y de los senadores designados, de la inmunidad judicial del Presidente en estados de excepción y del rol resolutivo del Cosena. Pensemos en el rechazo rotundo a normas constitucionales inconsultas en el plebiscito de 2020 y a otras populistas, estatistas y segregadoras el domingo pasado.

La moraleja es clarísima. Una buena Constitución debe ser fruto de una deliberación con formas y espíritu republicanos, y gozar de una validación popular y técnica mayor que la de una ley. En lo sustantivo, debe conservar, por razones de sobriedad y continuidad, las normas que han echado raíces en la conciencia jurídica. La discusión debería girar solo en torno a lo que desune o falta. Así evitamos el “vértigo” al que Fernando Atria atribuyó el fracaso reciente.

Sugiero estas mejoras, entre otras: garantía de financiamiento estatal de derechos sociales; perfeccionamiento de los partidos políticos y del sistema electoral para asegurar gobernabilidad; concursabilidad y equidad en el acceso a cargos y contratos públicos; prevención de corrupción estatal y privada; descentralización eficaz mediante incentivos económicos y transferencias potestativas; proporcionalidad y confianza legítima de los actos estatales.

G. Vico sostuvo que Roma fue grande porque “en sus cambios de Constitución hizo todo su esfuerzo para permanecer firme en sus principios”. Chile debería hacer lo mismo.

Jaime Arancibia M.
Profesor de Derecho de la Universidad de los Andes